Con la reciente implementación del Bando 1 contra la gentrificación, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, ha lanzado una de las iniciativas urbanas más audaces en años, dirigida a frenar el desplazamiento de residentes debido al encarecimiento del suelo en áreas centrales. Este ambicioso plan incluye medidas como limitar el aumento de las rentas al índice de inflación, crear un índice de precios de alquiler, regular plataformas como Airbnb, establecer una Defensoría de Inquilinos, construir vivienda pública en zonas de alta demanda, y realizar intervenciones específicas para preservar el tejido social y comercial de colonias en riesgo. La estrategia se inspira en modelos de otras ciudades como Berlín y Barcelona, donde se han intentado controles similares.
Sin embargo, la propuesta enfrenta un dilema político significativo. Mientras el gobierno apunta a ciertos actores como responsables de la gentrificación, algunos morenistas han sido señalados por participar en prácticas inmobiliarias que contradicen esta narrativa. Un caso emblemático es el de las hermanas Luisa María y Bertha Alcalde Luján, figuras prominentes dentro de Morena, quienes en 2016 adquirieron una propiedad en la Colonia Roma Sur y, tras demolerla, construyeron un nuevo edificio que excedía las regulaciones locales.
En la CDMX, el fenómeno de la gentrificación se ha extendido desde colonias icónicas como Condesa y Roma hacia áreas como Escandón y Santa María la Ribera, con aumentos en los precios de hasta un 30% en dos años, según reportes del sector inmobiliario. Este fenómeno no es exclusivo de la capital, sino que también afecta a ciudades como Guadalajara, Monterrey y Mazatlán, impulsado por el turismo, el trabajo remoto y la especulación inmobiliaria.
Uno de los aspectos que el Bando 1 parece pasar por alto es la excesiva burocracia que obstaculiza la construcción formal. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), obtener un permiso de construcción puede demorar hasta 24 meses, debido a procedimientos engorrosos y reglas poco claras, lo que fomenta la corrupción y restringe la oferta formal de renta o venta. Esto a su vez alimenta la especulación y la crisis de vivienda.
Los propietarios privados, ante la percepción de una intromisión en su derecho a decidir sobre sus inmuebles, podrían reaccionar negativamente a los límites de renta, lo que podría desembocar en litigios, ocultamiento de contratos o incluso retirar propiedades del mercado. Estudios realizados por instituciones como el MIT y Stanford han demostrado que, a largo plazo, el control de rentas reduce la disponibilidad de propiedades y desalienta nuevas inversiones.
En conclusión, el Bando 1 presenta una identificación del problema y promueve la creación de vivienda pública, así como la participación social. No obstante, también deja de lado factores cruciales, como las contradicciones políticas internas y la débil institucionalidad. Sin un marco jurídico claro y efectivo, la iniciativa podría desincentivar la inversión. Si no se aborda la falta de nueva oferta de vivienda, las dificultades burocráticas y las inconsistencias normativas, el problema de la gentrificación seguirá siendo una realidad persistente en la CDMX.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
