La última visita del presidente López Obrador a Badiraguato, Sinaloa, ha tenido varias lecturas e interpretaciones. Las más notables han girado en torno a los dos ejes que dominan toda la narrativa nacional. El viaje presidencial es la apoteosis de la solidaridad con los que menos tienen, o es la demostración palpable de su alianza con el narcotráfico en general y con el cartel de Sinaloa en particular. Como en tantas otras cosas, la polarización existente deja pocos espacios para la reflexión. O se está con el Presidente en todo y para todo, o se está en su contra con la misma rotundidad y alcances. Más allá de estas simplificaciones binarias, hay aspectos de la visita que merecen una consideración más serena. Especialmente, por lo que la implica en términos jurídicos y simbólicos, no solo del acontecimiento mismo, sino sobre las acciones futuras de diversos órganos estatales, la ciudadanía y la propia delincuencia.
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