El reciente descubrimiento de un rancho en Teuchitlán ha desatado un torrente de especulaciones y afirmaciones sobre su vinculación con el crimen organizado. Sin embargo, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se ha apresurado a desmentir la existencia de un crematorio clandestino en el lugar. En una conferencia de prensa, Gertz Manero afirmó: “No hay una sola prueba” que respalde tales denuncias, centrándose en ubicar el predio como un centro de “reclutamiento y adiestramiento” del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las declaraciones del fiscal se sustentaron en un análisis de la UNAM. Según este estudio, las temperaturas halladas en el rancho no superaron los 200 grados centígrados, muy por debajo de los niveles requeridos para un proceso de cremación, que generalmente debe alcanzar al menos cuatro veces esa cifra. Esta aclaración no solo pone en entredicho las afirmaciones de las madres buscadoras y organismos de derechos humanos, quienes han acusado a la administración de ocultar información, sino que también resalta un desafío para las autoridades en su lucha por esclarecer los casos de desaparecidos.
Además, Gertz Manero, en un giro inesperado, anunció que no se encontraron restos óseos humanos en la propiedad, a diferencia de lo que había declarado inicialmente en marzo. Solo se halló una “pequeña vasija” junto a algunos “pequeños huesos” de antigüedad indeterminada, un hallazgo que si bien llama la atención, no responde a la magnitud de las preocupaciones inicialmente planteadas.
La situación del rancho Izaguirre en Teuchitlán representa un punto crítico para la administración de Claudia Sheinbaum, enfrentando tanto la presión social de los colectivos de búsqueda como la necesidad de credibilidad en sus investigaciones. Las madres buscadoras, al ingresar por primera vez al predio, insistieron en que el lugar funcionó como un crematorio utilizado por el cártel. Esto ha llevado a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a entablar nuevas conversaciones con grupos de derechos humanos, buscando mejorar la relación y abordar la angustiante problemática de los desaparecidos en el país.
De acuerdo con la información disponible hasta abril de 2025, la administración se esfuerza por equilibrar la transparencia con la necesidad de mantener la confianza pública en medio de un entorno complicado y repleto de acusaciones.
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