Gobernador de Puebla acusa bloqueos organizados con encapuchados armados

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, afirmó que los bloqueos que paralizaron ocho puntos estratégicos de la zona metropolitana el 10 de noviembre fueron organizados con la participación de encapuchados armados y manifestantes contratados, quienes habrían recibido pagos de 400 pesos para mantener las protestas durante dos horas. El mandatario presentó fotografías de personas encapuchadas presuntamente portando armas de fuego y señaló que ya se identificó a quienes habrían coordinado las movilizaciones¹.

Las protestas, que se realizaron de manera simultánea, afectaron vialidades principales y estuvieron acompañadas de incidentes violentos y cobros de hasta 500 pesos a automovilistas. Los manifestantes se identificaron como familiares de internos del penal de San Miguel y denunciaron extorsiones, amenazas y tráfico de drogas dentro del centro penitenciario, exigiendo la destitución de su director y el traslado de reclusos señalados de ejercer control ilícito¹.

Qué cambia en la vigilancia y las investigaciones

Tras los bloqueos, Alejandro Armenta anunció que la Mesa de Paz de Puebla acordó realizar una revisión exhaustiva del penal de San Miguel y de otros centros penitenciarios estatales. En estas acciones participarán la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y áreas federales de inteligencia. Además, se prevé el traslado próximo de dos internos considerados de alta peligrosidad, señalados por su presunta participación en extorsiones dentro del penal¹.

Se abren dos líneas de investigación: una para esclarecer quiénes organizaron y financiaron los bloqueos y si participaron personas armadas, y otra para verificar las denuncias de extorsión y posibles actos de corrupción en el penal de San Miguel¹.

Las acusaciones y el impacto en la seguridad

Armenta puso en duda la autenticidad de las protestas, mostrando imágenes de encapuchados armados y señalando que algunos manifestantes habrían sido contratados para simular ser familiares de internos. Según información de la Secretaría de Gobernación estatal, algunos participantes cobraron 400 pesos por manifestarse durante dos horas y luego se retiraron sin aceptar las mesas de diálogo ofrecidas por las autoridades¹.

El gobernador subrayó que la coordinación, la presencia de armas y la negativa a negociar son elementos que ameritan una investigación. Durante los bloqueos se reportaron incidentes violentos y cobros a automovilistas de hasta 500 pesos para permitirles continuar su trayecto¹.

Denuncias de familiares y respuesta oficial

Exigieron la destitución del director Jorge Ortiz Delgadillo y el traslado de internos señalados de ejercer control sobre actividades ilícitas. Aunque el gobernador cuestionó el origen de las protestas, aseguró que las denuncias serán investigadas por las autoridades competentes¹.

Qué significa para México

La acusación del gobernador de Puebla afecta la percepción de seguridad y la situación política en la entidad, lo que resulta relevante para los habitantes y autoridades locales. Las investigaciones anunciadas buscan esclarecer tanto la posible organización de los bloqueos como las denuncias de corrupción en el sistema penitenciario, temas que pueden incidir en la confianza ciudadana y en la actuación de las instituciones de seguridad y justicia¹.

Nota de la Redacción: esta nota se basa en la información disponible al publicarla y se actualizará si otras fuentes aportan más datos.

Fuentes

Texto elaborado por la Redacción de Columna Digital a partir de estas fuentes:

1. Puebla Online ↩

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