Gobierno acusa a 53 gaseras de colusión

El Gobierno de la ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha tomado una medida contundente al presentar una demanda colectiva contra 53 proveedoras de gas para el hogar. Esta acción, realizada en colaboración con la Comisión Nacional Antimonopolio, surge tras la denuncia de que estas empresas, agrupadas en seis conglomerados, habrían coludido durante una década para manipular precios y repartirse clientela. El comunicado emitido por la Comisión destaca que este comportamiento es grave y afecta directamente a millones de usuarios en la capital y otras entidades.

La investigación de la Comisión revela que la trama de colusión abarcó regiones no solo de la Ciudad de México, sino también del Estado de México, Colima, Tamaulipas y Sinaloa. Se estima que las empresas involucradas han cobrado sobreprecios por un total de 13,000 millones de pesos, equivalente a aproximadamente 746.3 millones de dólares. Ante esta situación, el Ejecutivo federal ha decidido actuar, no solo mediante la imposición de multas administrativas, sino buscando que los infractores reparen el daño generado al sector consumidor a través de descuentos en las facturas de gas.

Este no es un caso aislado; de hecho, la actual demanda se deriva de sanciones previas impuestas a estas mismas empresas, que incluyen Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, Grupo Tomza, Grupo Global Gas y Gas Metropolitano. La relevancia del gas licuado de petróleo en la vida cotidiana de los mexicanos es notable, ya que ocho de cada diez familias lo utilizan, principalmente para cocinar. Esto hace que cualquier alteración en este mercado tenga repercusiones significativas en el gasto diario de millones de personas.

Cabe recordar que, a finales de 2022, la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ya había multado a estas distribuidoras por una causa similar, imponiendo sanciones que sumaron 2,414 millones de pesos, aproximadamente 138.8 millones de dólares. Antes de su disolución, la Cofece había presentado también demandas colectivas en otros sectores, reflejando un compromiso por mantener prácticas competitivas en el mercado mexicano.

En un contexto en el que la seguridad económica de los ciudadanos es crucial, esta acción del gobierno y el regulador antimonopolio busca fortalecer la transparencia en el sector del gas e impulsar la justicia económica para los usuarios. Mientras la demanda avanza, el impacto en el mercado y en las familias estará bajo un escrutinio público que exige respuestas y acciones eficaces ante la manipulación de precios.

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