Este lunes el Gobierno de Alberto Fernández firmó con las provincias argentinas un acuerdo fiscal que permite la creación de nuevos impuestos. El pacto es un balón de oxígeno para regiones necesitadas de fondos extra, encorsetadas desde que el último acuerdo, firmado en 2017 por el expresidente Mauricio Macri, los impelía a reducir la carga fiscal sobre empresas y particulares.
La foto de Fernández en la Casa Rosada con los 23 gobernadores del país, oficialistas y opositores, fue también un mensaje al Fondo Monetario Internacional (FMI). Argentina negocia en estos momentos un nuevo calendario de pagos con el multilateral y necesitaba enviar a Washington una imagen de unidad.
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Ha sido un gesto político, pero también una necesidad ante la escasez. Hace dos semanas, la oposición vetó en el Congreso la ley de Presupuesto 2022 redactada por el Ejecutivo. Fue un baldazo de agua helada que nadie esperaba. A un mismo tiempo, el Gobierno se quedó a sin cartas para mostrar a los negociadores del FMI y las provincias sin los fondos nacionales que la norma destinaba a obras de infraestructura en sus territorios.
Los gobernadores podrán ahora compensar ese faltante, de 1,2 billones de pesos (11.000 millones de dólares) con un nuevo impuesto a la herencia, que en Argentina solo se paga en la provincia de Buenos Aires, y una subida en la alícuota de ingresos brutos. El pacto ata además el gasto al crecimiento del PBI, en lugar de la inflación, como se había acordado en 2017, durante el Gobierno de Macri.
Los gobernadores de la oposición ya adelantaron que no subirán impuestos, pero aceptaron firmar el acuerdo porque la letra habilita pero no obliga. Solo faltó el jefe de Gobierno de Buenos Aires, el líder opositor Horacio Rodríguez Larreta, enfrentado con la Casa Rosada en los tribunales por la decisión de Fernández de retirarle los fondos que había recibido durante el Gobierno de Macri para financiar el traspaso de la policía.
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Una subida de impuestos siempre es un tema delicado. La Unión Industrial Argentina (UIA) sostuvo en un duro comunicado que el nuevo acuerdo fiscal “genera enorme preocupación debido a que incrementa la presión tributaria en el sector productivo al eliminar la reducción progresiva de ingresos brutos establecida originalmente en el año 2017″.
Ese pacto se había pensado como una forma de ajustar el gasto en las provincias a cambio de dinero llegado desde el Gobierno central. Pero la recesión económica, la inflación y la subida del déficit primario (antes del pago de intereses de la deuda externa) dinamitaron la posibilidad de reducir los ingresos fiscales. El Gobierno llevará ahora el pacto ante el FMI. Sin ley de Presupuesto, podrá al menos exhibir un documento que habla de un consenso con los líderes territoriales de la oposición.
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