En un giro significativo de cara a las elecciones estatales, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha presentado una propuesta ambiciosa que busca aumentar tanto el número de casillas como el de electores. Se prevé que las casillas pasen de 170 mil 181 a 176 mil 741, mientras que el número de electores se proyecta que supere los 102 millones, un aumento notable respecto a los 98 millones anteriores.
Dentro de estos cambios, se destaca que más de 51 mil supervisores y capacitadores electorales estarán involucrados en el proceso. Lo que llama la atención es el incremento dramático en el gasto previsto; se estima que el INE gastará siete veces más que en 2024, ascendiendo de 65 millones a 474 millones de pesos.
El contexto de esta situación resulta relevante en la medida en que a principios de año, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó una reforma electoral que tenía como objetivo reducir costos, argumentando que las elecciones y el INE eran excesivamente caros para el país. La reforma proponía modificaciones en la estructura del INE, la eliminación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y una disminución del financiamiento a los partidos políticos. Sin embargo, esta propuesta no prosperó. El único aspecto que se introdujo fue la reducción de los salarios de los consejeros para que ganaran menos que la propia Sheinbaum, además de eliminar seguros, lo que se tradujo en un ahorro marginal de 300 millones de pesos.
La Comisión de Presupuesto del INE ha aprobado, recientemente, solicitar a la Cámara de Diputados un presupuesto total para 2027 que asciende a 36 mil 114.4 millones de pesos, un monto que excluye el financiamiento público destinado a los partidos políticos. De este total, 21 mil millones corresponden a servicios personales, que incluyen remuneraciones y prestaciones para el personal del Instituto. Además, se reserva una partida de 780 millones para iniciar la consulta de Revocación de Mandato de Claudia Sheinbaum, y otros 4 mil 682.5 millones se solicitarán en caso de que se convoque a una consulta popular en septiembre.
Un aspecto que ha experimentado un crecimiento notable es la categoría de “Fortalecer la Gestión y Evaluación Administrativa y Cultura de Servicio Público”, que encuentra un incremento de su presupuesto, pidiendo mil 447 millones de pesos, comparado con los 89 millones en 2024 y 410 millones en 2026.
El INE justifica que de cada 100 pesos solicitados, 81 se destinarán a la función electoral, mientras que el 19% restante se enfocará en la expedición de credenciales de elector y la actualización del Padrón Electoral. Este panorama financiero plantea no solo retos, sino también oportunidades para el futuro electoral del país, en un escenario donde la participación ciudadana se convierte en un eje central de la democracia en México.
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