Gobierno de EE. UU. vincula a activista con narcotraficantes

Un reconocido activista de derechos humanos ha sido designado como objetivo criminal por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en una movida que genera preocupación sobre la seguridad y la lucha por la justicia en México. Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ha sido acusado de hacer uso de su plataforma como activista para proteger supuestos miembros del Cártel del Noroeste (CDN) y de fabricar denuncias falsas contra el Ejército mexicano.

Según el Tesoro, Ramos no solo ha estado supuestamente involucrado en estas actividades con el objetivo de mejorar la imagen pública del cartel, sino que también se le atribuye la tarea de desprestigiar las iniciativas de las autoridades mexicanas contra el crimen organizado. La acusación sugiere que ha mantenido esta relación durante más de una década y que incluso paga a personas para participar en protestas que apoyan su narrativa.

A pesar de la gravedad de estas acusaciones, Ramos no ha respondido de inmediato a las solicitudes de comentarios tras el pronunciamiento de la agencia estadounidense. Además, la Fiscalía General de la República (FGR) de México no ha confirmado si hay investigaciones en curso sobre su actividad.

Es relevante mencionar que la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Citizen Lab han documentado que el teléfono de Ramos fue infiltrado en 2020 por el programa de espionaje Pegasus. Esta misma herramienta ha sido utilizada para infiltrar a otros activistas y periodistas en México, lo que pone de manifiesto el clima de vigilancia y riesgo para quienes abogan por los derechos humanos en el país. En un contexto más amplio, Ramos ha denunciado múltiples casos de abusos por parte de las Fuerzas Armadas, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, particularmente en el estado de Tamaulipas.

Ante este trasfondo de acusaciones y denuncias, los familiares de las víctimas siguen clamando por justicia, en un contexto donde la impunidad y las violaciones de derechos humanos son aún temas candentes en México. La situación de Ramos y su posicionamiento ante el Cártel del Noroeste es un recordatorio del complejo entramado que existe entre la criminalidad organizada y las luchas sociales por la verdad y la justicia.

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