En los primeros meses de 2025, la nueva Ley de Aguas aprobada por el Senado ha comenzado a mostrar resultados significativos para el sistema fiscal mexicano. Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reveló en una rueda de prensa que la recaudación ha aumentado en 3,500 millones de pesos, gracias a la recuperación de impuestos de usuarios que anteriormente no cumplían con sus obligaciones. Morales afirmó que, con las perspectivas de este año, la recaudación podría crecer en 6,300 millones de pesos adicionales, un aumento del 21% respecto al año anterior.
Durante el primer cuatrimestre de implementación de esta ley, Morales y la presidenta Claudia Sheinbaum celebraron el avance en la recuperación de recursos. La normativa ha sido fundamental para erradicar lo que el director de Conagua describió como un “mercado negro del agua”. Al eliminar las transmisiones del recurso entre particulares, la ley permite que Conagua recupere la concesión del agua y la administre de manera más efectiva, dirigiéndola a quienes realmente la necesitan.
Uno de los cambios más destacados implica un endurecimiento en la vigilancia de las embotelladoras, con un énfasis renovado en la recaudación de impuestos. Recientemente, Conagua identificó 18 títulos de concesión correspondientes a 2.8 millones de metros cúbicos de agua que no estaban generando ingresos para el Estado, así como otros 10 con problemas de sobreexplotación, 42 concesiones sin medidor y 10 con registros de impago. Con la nueva ley, se espera establecer normas más estrictas para la medición y el uso adecuado de este recurso vital.
La recaudación en 2024 alcanzó los 27,143 millones de pesos, y tras la aplicación de la nueva ley, se prevé que en 2025 se alcancen los 30,635 millones de pesos. Las autoridades tienen altas expectativas respecto a que, con las medidas de control y vigilancia, la recaudación total llegue a 37,000 millones de pesos. Estos ingresos son esenciales para financiar obras relacionadas con el agua y beneficiar a la población en diversas áreas.
En un contexto en el que las concesiones para riego agrícola no estaban sujetas a tasas, se evidenció un mal uso del recurso. Muchos particulares utilizaban el agua con fines distintos a la agricultura, incluso para actividades residenciales de lujo, mientras que comunidades aledañas enfrentaban problemas de abastecimiento. Morales ejemplificó esto con un pozo en Querétaro bajo el control de una familia, que no pagaba impuestos por su uso agrícola, pero cuya水 se destinaba a un club de polo. Esta incongruencia ha llevado al Gobierno a clausurar más de 1,000 concesiones bajo la nueva normativa.
La presidenta Sheinbaum también vinculó la oposición de ciertos sectores, como el deputado Mario Calzada del PRI, con intereses comerciales que contravienen el principio de que el agua debe ser un recurso para el pueblo. La implementación de esta ley no sólo busca optimizar la administración del recurso hídrico, sino también garantizar que se utilice en beneficio de la comunidad, cerrando brechas de inequidad en su distribución.
Así, las primeras medidas y resultados de la nueva Ley de Aguas buscan reafirmar el compromiso del Gobierno con la utilización responsable y justa del agua, al tiempo que promueven un sistema fiscal más robusto y sostenible.
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