El Gobierno federal de México continúa con su objetivo de otorgar espectro a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), buscando expandir los servicios comerciales de Internet y telefonía en áreas urbanas. En un reciente anuncio, se aseguró que la CFE accederá al espectro radioeléctrico bajo las mismas condiciones que los operadores privados, como AT&T o Telcel, mediante un concurso de licitación pública.
José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), subrayó que si la CFE utiliza el espectro para ofrecer cobertura social y servicios gratuitos, lo hará sin costo; sin embargo, si es para fines comerciales, esto se hará igual que cualquier otra empresa. Esta declaración trata de calmar las inquietudes de la industria de telecomunicaciones respecto a la propuesta de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR), que aún contempla la posibilidad de que el Estado reserve bandas radioeléctricas sin costo, lo que podría afectar la competencia en el mercado.
Peña Merino destacó que el acceso al espectro para la CFE se regirá bajo principios de competencia, aclarando que cualquier decisión sobre la concesión comercial deberá ser igualitaria. Esto se produce en un contexto donde empresas como Altán Redes, BAIT, Telcel y AT&T se encuentran en un entorno de incertidumbre debido a las nuevas políticas sobre el uso del espectro radioeléctrico en México.
La redacción actual de la LMTR sugiere que el Estado podría asignar espectro gratuito a la CFE y Altán Redes para servicios comerciales en zonas urbanas. Además, podría ser utilizado por operadores móviles virtuales como BAIT mediante contratos de compra de capacidad mayorista. Esto significaría que compañías como Telcel y AT&T tendrían que seguir compitiendo por su propio espectro y hacer frente a las altas cuotas de derechos, lo que representa un porcentaje significativo de sus ingresos anuales.
En esta dinámica, Telefónica ha optado por devolver sus bandas radioeléctricas ante los elevados costos, mientras que AT&T también ha dejado de pagar por algunos lotes de espectro considerados no estratégicos. Telcel ha manifestado que los costos del espectro están impactando su operación, y Altán busca acceder de forma gratuita a la banda de 2.5 GHz, que aún cuenta con 40 Megahercios disponibles para servicios 4G y 5G.
Las aseveraciones de Peña Merino apuntan hacia un cambio en el enfoque del Gobierno respecto a cómo se asignará el espectro, enfatizando la necesidad de transparencia y competencia. Sin embargo, expertos advierten que las disposiciones finales serán cruciales para determinar el impacto en el mercado. Jorge Fernando Negrete, presidente del DPL Group, señaló la importancia de observar cómo se desarrollará el proceso de licitación y su efecto en la competencia, especialmente en la futura licitación 5G.
El debate también gira en torno a la cobertura de Internet en el país, donde más de 14 millones de mexicanos aún carecen de acceso adecuado. La intención del Gobierno de proporcionar servicios 4G en estas zonas presenta numerosas interrogantes respecto a cómo se financiará esta expansión y cuáles serán los objetivos de ofrecer estos servicios gratuitos.
La ATDT indica que, ante la asignación de espectro comercial a la CFE en términos equitativos, se buscará fomentar una mayor concurrencia entre los participantes. Esto plantea un escenario interesante, donde tanto el Estado como los operadores tradicionales competirán en condiciones similares, pero que también puede acarrear litigios si no se gestionan adecuadamente los procesos de licitación.
En resumen, mientras el Gobierno logra esclarecer sus intenciones, persiste la incertidumbre en el sector de telecomunicaciones y la expectativa sobre cómo se resolverán estos desafíos regulatorios. La discusión sobre la LMTR y la asignación de espectro se mantiene abierta, con el potencial de repercutir en la dinámica del mercado de telecomunicaciones en México.
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