El gobierno federal ha emprendido una transformación profunda en la forma en que el Estado mexicano adquiere bienes y servicios. Con una serie de reformas a las leyes de Adquisiciones y Obras Públicas, la administración busca establecer un nuevo estándar de transparencia, eficiencia y fortalecimiento económico, con énfasis en la producción nacional y la inclusión de actores históricamente marginados.
Durante la conferencia matutina de este jueves, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó los pilares centrales de esta reforma, que pretende cerrar la puerta a prácticas corruptas y mejorar las condiciones de contratación en todos los niveles de gobierno. Entre sus declaraciones más contundentes, la funcionaria subrayó que ya no se aceptarán precios inflados bajo el argumento de que hay un solo proveedor. “No porque sea la única fuente tenemos que comprar al precio que se ofrezca”, declaró. “Tratamos de platicar con ellos y hacer algunos tipos de negociaciones estratégicas para ver cómo mejoramos las condiciones”.
Uno de los aspectos más destacados de esta nueva legislación es la apuesta por el diálogo estratégico entre el Estado y los proveedores, especialmente en casos en los que se requieren productos que aún no existen en el mercado. Esta figura, hasta ahora inexistente en el marco legal, permitirá explicar con mayor claridad las necesidades del gobierno desde el diseño de los proyectos, lo cual podría traducirse en propuestas más precisas y una reducción significativa en los tiempos administrativos.
En materia de contrataciones, se ha determinado anular completamente la licitación pública internacional para la adquisición de medicamentos, insumos médicos y material de curación para el periodo 2025-2026. Esta decisión se tomó luego de detectar diversas irregularidades por parte de Birmex, empresa estatal responsable de la distribución de insumos médicos. El proceso deberá reiniciarse desde cero, en apego a los nuevos principios de legalidad y eficiencia que impulsa la reforma.
Otro componente central es el fortalecimiento de las compras consolidadas y los acuerdos macro, con los que se busca aprovechar economías de escala para obtener mejores condiciones para el Estado. Buenrostro señaló que estas medidas permitirán obtener productos innovadores en condiciones más favorables, al mismo tiempo que se garantiza un uso más transparente y eficiente del dinero público. “El diálogo y la apertura hacen que los procesos sean más eficientes. Además, que estén en la ley los hace más transparentes y evita sospechas de reuniones en lo oscurito”, puntualizó. “Tenemos la obligación de cuidar el dinero del pueblo, y para nosotros cada peso cuenta”.
Las reformas también elevan el porcentaje de contenido nacional requerido en las compras del gobierno, que pasa del 50% al 65%. Esta medida busca consolidar cadenas de valor locales, impulsar la producción nacional y dar un nuevo impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, se introducen disposiciones específicas para favorecer la economía social, incluyendo cooperativas y proyectos de base comunitaria.
Buenrostro explicó que las pequeñas empresas, por su propia estructura, enfrentan mayores dificultades para competir en los procesos de licitación. Por ello, se han establecido mecanismos para facilitar su participación, como anticipos, pagos rápidos y procedimientos más ágiles, además de un acompañamiento institucional desde el inicio hasta la conclusión de cada contrato. Esto, dijo, no solo fortalece al mercado interno, sino también las cadenas productivas que permiten que las grandes empresas accedan a componentes nacionales en sus procesos.
En cuanto al sistema de contrataciones electrónicas, aclaró que CompraNet no desaparece, sino que evoluciona hacia un modelo más eficiente, económico y adaptable. Aunque desde 2023 se trabaja con una nueva plataforma tecnológica, la ley no se había actualizado para reconocerlo. Ahora, con esta reforma, se homologan los sistemas y se incorporan nuevas herramientas, como una tienda digital que permitirá a los funcionarios adquirir productos comunes de forma rápida, sin tanto trámite y con mayor trazabilidad.
Finalmente, entre las novedades legales más importantes está la prohibición expresa de adjudicaciones entre dependencias públicas, una práctica que facilitó esquemas de corrupción como el de la llamada Estafa Maestra. Aunque ya existía un oficio circular que limitaba estas operaciones desde 2017, Buenrostro aseguró que “un oficio no es suficiente”, por lo que ahora la restricción está anclada directamente en la legislación.
También se refuerza la figura del supervisor de obra, quien tendrá responsabilidad solidaria y deberá garantizar la calidad de los trabajos, mientras que las investigaciones de mercado serán obligatorias en todos los proyectos de infraestructura. Con ello, se espera reducir los tiempos de contratación en hasta una tercera parte y mejorar la integridad de las obras públicas.
Las nuevas leyes representan un cambio de fondo en la manera en que el Estado se relaciona con el mercado, buscando una contratación más justa, equitativa y efectiva. El reto será garantizar que, más allá del papel, la implementación esté a la altura del discurso.
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