El Gobierno de México se prepara para dar un paso importante en la modernización del aparato público con la presentación ante el Congreso de la nueva Ley Nacional de Mejora Regulatoria y Gobierno Digital. Esta propuesta legislativa tiene como objetivo transformar por completo la relación entre el Estado y la ciudadanía a través de una digitalización profunda de los servicios gubernamentales, una drástica simplificación de trámites y una ofensiva directa contra la corrupción burocrática.
Impulsada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Antonio Peña Merino, la iniciativa se sustenta en la reciente reforma al artículo 73 de la Constitución, que otorga al Congreso la facultad de legislar en materia de gobierno digital. Con ello, se busca establecer un modelo nacional con herramientas concretas como un catálogo único de trámites administrativos, aplicable a nivel federal, estatal y municipal, y una plataforma digital centralizada que permita gestionar procesos de forma más ágil y eficiente.
Uno de los ejes de esta transformación será la implementación de Llave MX, una identidad digital única que funcionará como acceso universal a los servicios del Estado, simplificando gestiones cotidianas para los ciudadanos y reduciendo significativamente los tiempos de atención. Esta medida busca evitar la duplicidad de procesos, garantizar seguridad en el manejo de datos personales y, sobre todo, disminuir la discrecionalidad que abre la puerta a prácticas de corrupción.
Desde el ámbito económico, la iniciativa también representa una apuesta estratégica para impulsar la inversión, particularmente la extranjera. La Ventanilla Digital Nacional de Inversiones será una de las herramientas estrella: reducirá el número de trámites requeridos para abrir un negocio de 51 a 32 y eliminará la mitad de los requisitos actuales. Además, se promete que la resolución para proyectos de inversión pasará de tardar más de 100 días a un máximo de 45 días hábiles, facilitando el ingreso y operación de capitales en el país.
Ximena Escobedo Juárez, al frente de la Unidad de Desarrollo Productivo y la Oficina de la Secretaría de Economía, explicó que también se contempla una automatización de la inscripción al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y la eliminación de acreditaciones duplicadas. En paralelo, el gobierno trabaja de la mano con empresas para detectar cuellos de botella en trámites existentes, lo que ya ha comenzado a traducirse en una mejora del 10% en los tiempos de respuesta.
El enfoque general del proyecto es fortalecer las capacidades del Estado desde dentro. Para lograrlo, se prevé que las soluciones tecnológicas sean desarrolladas por personal del propio servicio público, lo cual no solo reduce costos, sino que garantiza soberanía tecnológica y continuidad institucional.
Con esta ley, México apuesta por cerrar una larga brecha en la digitalización gubernamental, acercándose a los modelos más avanzados en eficiencia regulatoria y transformación digital. De ser aprobada, marcará un antes y un después en la forma en que el Estado se relaciona con los ciudadanos, facilitando trámites, incentivando la inversión y fortaleciendo la transparencia administrativa.
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