Gobierno sin poder para clasificar extorsión

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión trascendental al declarar inconstitucional la regulación estatal sobre la investigación y persecución del delito de extorsión en México. Esta resolución afecta directamente a los marcos legales de los estados de Tabasco y Baja California, donde se invalidaron varios artículos de sus respectivas Leyes para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión.

El fallo de la Corte, emitido el 26 de febrero de 2026 para Tabasco y el 1 de febrero de 2026 para Baja California, subraya que aunque las entidades federativas tienen atribuciones para investigar y sancionar delitos conforme a la Ley General, no pueden redefinir el régimen jurídico nacional relacionado con la extorsión ni la distribución de competencias entre las autoridades. En el caso de Tabasco, se eliminaron disposiciones clave que regulaban la persecución de oficio, las medidas cautelares y la prisión preventiva oficiosa, afectando drásticamente el manejo del delito en la región. Por otro lado, Baja California vio invalidado un régimen local que obligaba a las autoridades de distintos niveles a aplicar la ley estatal por encima de la federal.

La SCJN afirmó que estas decisiones son necesarias para mantener un marco uniforme y coherente en el combate a la extorsión en todo el territorio nacional, evitando que cada estado imponga sus propias normativas que podrían diferir significativamente. Este enfoque busca garantizar la correcta aplicación de la justicia y la protección de los ciudadanos frente a delitos que han proliferado en el país.

Además, en otro asunto relevante, la Suprema Corte sostuvo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) posee la facultad de interponer juicios de amparo cuando el acto reclamado implique un daño al patrimonio federal. Este pronunciamiento se da en el contexto de litigios pasados donde la SSPC había denunciado a servidores públicos por la contratación indebida de servicios con recursos públicos, pero se enfrentó a la prescripción de tales acciones. La Corte decidió que la secretaría sí posee legitimación para actuar, permitiendo así que el caso se revise nuevamente en tribunales.

La resolución de la SCJN no solo tiene implicaciones legales inmediatas en Tabasco y Baja California, sino que también establece un precedente importante para la gestión de todos los delitos en México, asegurando que las leyes estatales no puedan contradecir ni modificar el marco nacional en materia penal. Esta decisión reafirma el papel central del poder judicial en la salvaguarda de los derechos y el bienestar de la ciudadanía, promoviendo un sistema más homogéneo y justo.

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