Jorge Luis González Valdez, exdirector del Diario Tribuna y periodista jubilado, fue detenido de manera violenta el 9 de abril de 2025 tras ser acusado por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de “incitar al odio y violencia”. Este incidente no solo resultó en un arresto donde fue esposado y golpeado, sino que también implicó una serie de sanciones severas: una demanda de indemnización de 2 millones de pesos, la prohibición de ejercer su profesión durante dos años, y el cierre de su plataforma digital, la cual él afirmó no estaba activa.
En el programa “Ya nadie está dormido”, Jorge González compartió su experiencia sobre la censura y el hostigamiento que enfrenta a manos de la administración de la gobernadora. Denunció la intolerancia de Sansores hacia cualquier crítica o información negativa relacionada con su gestión. Entre las preocupaciones planteadas por González se encontraban diversos problemas que aquejan a la comunidad campechana, como la falta de medicamentos, retrasos en los pagos a proveedores, cierres de comercios y la demora en el proyecto del Tren Maya.
Sansores, al sentir esta presión, ha respondido acusando a los medios críticos, incluyendo a González, de “misoginia” y “promover el odio”, un clima que ha llevado al cierre de diversos medios de comunicación tanto físicos como digitales. Durante su programa Martes del Jaguar, la gobernadora también se despachó con insultos hacia los periodistas, añadiendo un tono de hostilidad a la relación entre su gobierno y la prensa.
González, quien a sus 72 años fue objeto de un uso excesivo de la fuerza durante su detención, describió el abuso policial como intolerable. En su testimonio, resaltó que a pesar del ataque a su reputación por parte de funcionarios, la comunidad lo sigue reconociendo y respetando por su trayectoria de 60 años en el periodismo. Sin embargo, ha enfrentado agresiones en redes sociales, en su mayoría de cuentas automatizadas conocidas como “bots”.
El clima actual en Campeche refleja una opresión hacia la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. A pesar de las declaraciones públicas de la gobernadora sobre la necesidad de respetar la dignidad de las personas, estos se contradicen con sus acciones hacia periodistas críticos. González concluyó que la gobernadora no acepta críticas sobre su gestión y que su agresividad hacia comunicadores solo pone en evidencia la precariedad de la libertad de prensa en la región.
Las repercusiones del caso de Jorge González Valdez ponen de manifiesto la realidad que enfrentan los medios en Campeche, donde el miedo a represalias puede silenciar voces críticas. Su situación continúa en el ojo público, mientras espera una audiencia que definirá las próximas etapas legales de su caso. Aunque el periodista se enfrenta a un camino complicado, su determinación de hablar sigue firme.
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