Centros comerciales y almacenes arden en llamas en Rusia durante todo el mes de diciembre. Al menos uno de ellos había eludido las inspecciones reglamentarias recientemente, ya que se había acogido a la moratoria del Kremlin para aliviar a las empresas de estas “cargas administrativas” en el contexto de la acuciante crisis económica que vive Rusia por las sanciones derivadas de la guerra en Ucrania. Sin embargo, algunos legisladores piden restaurar los controles porque estos dependen ahora de la buena voluntad de los empresarios, y el aumento de los incendios en este y otros negocios resulta inquietante. Además del fuego, el sector de las grandes superficies se enfrenta a la bancarrota por el cierre de locales y las restricciones que han aplicado Europa y Estados Unidos por la guerra desatada contra Ucrania.
El fuego devoró el pasado 12 de diciembre el centro comercial Stroipark de Balashija, a las afueras de Moscú. Un guardia de seguridad resultó herido en un incendio que se extendió por 10.000 metros cuadrados cuyo origen fue ubicado en la zona de materiales de construcción. “Se ha abierto una causa penal por los hechos. La pesquisa tendrá que establecer las causas y circunstancias del incendio”, señaló a través de un comunicado el Comité de Investigación ruso, un organismo del Gobierno que ejerce funciones tanto de fiscalía como de policía.
Pocos días después ardió el centro comercial que alquilaba la firma de menaje del hogar y bricolaje Obi al complejo Mega de Jimki, también situada en la provincia de Moscú. Según el Comité de Investigación, el fuego en este caso fue provocado por unas soldaduras en una obra que incumplía los requisitos mínimos de seguridad. Más de 17.000 metros cuadrados de superficie fueron destruidos por las llamas y un guardia falleció en el suceso.
Aquellas instalaciones no habían sido inspeccionadas recientemente porque Obi se había acogido a la moratoria concedida por el Kremlin para aliviar a las empresas en medio de la crisis, según admitió el responsable de Emergencias en la región de Moscú, Serguéi Poletikin. El suceso reavivó el debate sobre los riesgos de dispensar a las empresas de este control. El vicepresidente del comité de política económica de la Duma Estatal (el Parlamento ruso), el diputado Artiom Kirianov, afirmó en una entrevista con la televisión NTV que la Cámara debía revisar la ley e incluir recomendaciones de los servicios de emergencias.
Libre de inspección
Las inspecciones de empresas están reguladas por una ley de 2021 que establece seis niveles de riesgo, pero su cumplimiento apenas duró unos meses. A principios de marzo, nada más comenzar la guerra, el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, anunció que su Gobierno aprobaría una “moratoria” este año para los registros obligatorios a autónomos y a pequeñas y medianas empresas.
Presionado por las sanciones y su impacto en la economía, esta medida excepcional pareció quedarse corta para el Kremlin, y el fiscal general ruso, Ígor Krasnov anunció a la vuelta de verano que su oficina y el Ministerio de Economía estudiaban cómo extender esta dispensa a casi todas las compañías “para aliviar a los empresarios de la presión administrativa”.
Finalmente, la bula ha sido prácticamente general. Mishustin firmó en octubre un decreto que exime de las inspecciones a todas las empresas “cuyas actividades no estén clasificadas como de riesgo alto o extremadamente alto”, y extiende su validez a todo 2023. “El Gobierno continúa reformando las actividades de control para reducir aún más la carga administrativa a los empresarios”, presumía el gabinete en un comunicado que dejaba libres de revisión a los negocios “de riesgo moderado y significativo”.
No obstante, el Ejecutivo de Mishustin se lavó las manos al recalcar en su decreto que los empresarios aún “pueden solicitar una inspección profiláctica”, pues existen dos categorías de inspecciones en Rusia: estas últimas (voluntarias) y las programadas (obligatorias). año.
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