Las restricciones por la covid impuestas en 2020 por la gobernadora de Míchigan, la demócrata Gretchen Whitmer, empujaron a un grupo de ultras a intentar secuestrarla, al considerarlas “tiránicas”. Aunque el secuestro pudo evitarse, fue una de las manifestaciones más claras de violencia política, ese ataque directo al corazón de la democracia que culminó tres meses después en el asalto al Capitolio del 6 de enero por una horda de seguidores trumpistas. En una de las ramificaciones del caso más significativo de terrorismo interno, el alentado por milicias armadas, un jurado de Michigan ha declarado este miércoles culpables a tres hombres que colaboraron en la trama. Los condenados figuran entre la docena larga de detenidos en octubre de 2020, acusados de delitos estatales o federales, de conspiración e intento de secuestro.
El complot para secuestrar a Whitmer, abortado por el FBI un mes antes de las elecciones presidenciales de 2020, fue originado, según los fiscales, por la hostilidad que elementos de la órbita republicana experimentaron ante las restricciones de movimiento impuestas durante la pandemia, entonces en su primera oleada. Tras dos semanas de vistas en el Tribunal de Circuito del Condado de Jackson, el jurado ha fallado que Joseph Morrison, de 28 años; su suegro, Pete Musico, de 44, y Paul Bellar, de 23 años, son culpables de pertenencia a una banda, de conculcar leyes relativas a la tenencia de armas de fuego y de proporcionar apoyo material a un acto terrorista. Los tres podrían ser condenados hasta a 20 años de cárcel.
Los fiscales han considerado probado que Morrison, Musico y Bellar pertenecían a una milicia llamada los Vigilantes de Wolverine. El grupo planeaba irrumpir en la casa de vacaciones de la gobernadora, secuestrarla y conducirla a punta de pistola a un “juicio” popular en el que sería acusada de “traición”. Los tres condenados esperaban, como el resto de detenidos, que la acción provocara un violento levantamiento que condujera a una guerra civil, según la acusación. También planeaban asaltar el Capitolio estatal, un siniestro eco de lo que sucedería en enero en la sede del Congreso en Washington.
Morrison y Musico habían sido acusados de organizar sesiones de entrenamiento táctico en su hacienda, situada en un remoto paraje de Michigan. Sobre Bellar recaían los cargos de proporcionar planes de maniobras tácticas, lenguaje codificado para comunicaciones encubiertas y munición.
El veredicto de este miércoles ha sido una victoria para los fiscales estatales, que sostenían que los tres condenados ayudaron a otros dos declarados culpables de conspiración en un tribunal federal en agosto. Las condenas de estos últimos se produjeron tras un primer juicio no concluyente por desacuerdo del jurado. Se trata del caso más importante sobre terrorismo doméstico y la acción de milicias armadas, en un proceso que ha tenido avances pero también retrocesos. A primeros de abril, fueron absueltos dos encausados, un hecho que suscitó quejas del equipo de Whitmer por “la normalización de la violencia política”. Otros dos acusados que colaboraron con la justicia han logrado una reducción de la pena de cárcel.
Según informó el diario Detroit News, la defensa de los tres hombres argumentó que no conocían el plan de secuestro y que sus acciones estaban protegidas por la Primera y la Segunda Enmienda de la Constitución de EE UU, que consagran, respectivamente, la libertad de expresión y reunión y el derecho individual a portar armas. Según el FBI, la amenaza del llamado terrorismo interno ya supera con creces la del riesgo de atentados de inspiración yihadista en suelo estadounidense, como bien demostró el asalto al Capitolio.
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