La reciente aprobación de medidas por parte de la nueva Comisión Nacional Antimonopolios (CNA) marca un hito significativo en el mercado de harina de maíz en México. La CNA ha dado luz verde a una serie de propuestas presentadas por GRUMA, el principal distribuidor de harina de maíz del país, para revitalizar la competencia en un sector que había sido objeto de intenso escrutinio.
Desde noviembre de 2022, la anterior Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) llevó a cabo una exhaustiva investigación ante posibles obstáculos a la competencia en los mercados de maíz y harina de maíz. Este proceso concluyó con la identificación de prácticas que habían limitado la capacidad de elección de los industriales de la masa y la tortilla, dejando a muchos atados a contratos restrictivos.
Bajo las nuevas directrices, GRUMA se compromete a eliminar todas las obligaciones de exclusividad y consumo mínimo impuestas a propietarios de tortillerías. Además, la empresa cederá, sin costo adicional, las máquinas necesarias para la producción, como tortilladoras y batidoras. Esta cesión se realizará bajo diferentes modalidades, como arrendamiento y financiamiento, garantizando así que los tortilleros tengan mayor libertad para elegir a sus proveedores de harina, un avance clave para mejorar las condiciones en un país donde la tortilla es un alimento básico presente en el 80% de los hogares.
Un análisis detallado mostró que GRUMA controla entre el 50% y el 90% de las ventas en cada región del país, con precios que superan en casi un 10% los de sus competidores. A raíz de esto, se había propuesto inicialmente la desincorporación de cinco de sus 18 plantas. Sin embargo, la aceptación de las medidas alternativas por parte de la CNA ha evitado esta drástica acción.
GRUMA, defendiendo su posición, presentó objeciones al dictamen preliminar de la Cofece, argumentando que no había intentado establecer condiciones de fidelización indebida en los contratos que ofrecía. Al fin y al cabo, su objetivo es dar garantía a los industriales de que no existirán compromisos mínimos de compra por medio de sus contratos de apoyo financiero.
Con un plazo de 90 a 180 días para implementar las medidas acordadas, GRUMA trabaja en la modificación de sus contratos y en las comunicaciones necesarias para que estas medidas entren en vigor de inmediato. Mientras tanto, la CNA ha manifestado que, aunque el precio de la tortilla depende de diversos factores, estas reformas son un paso hacia un mercado más competitivo y justo, beneficiando así a la población mexicana en el mediano y largo plazo.
Estas acciones resaltan el esfuerzo por fomentar un ambiente de competencia y accesibilidad en el sector, un aspecto fundamental en la economía y alimentación de México.
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