Un tribunal federal ha emitido un fallo contundente contra Grupo Elektra, obligándolo a saldar un crédito fiscal de aproximadamente 2 mil millones de pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) relativo al ejercicio fiscal de 2010. Esta decisión se produce tras la negativa de un amparo que la empresa había solicitado para eludir dicho pago.
El Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la Ciudad de México, en una resolución unánime, rechazó el amparo, argumentando que las pruebas presentadas por Grupo Elektra —que incluían escritos de última hora— no eran suficientes para alterar el proceso, ya que el caso ya había sido considerado como cosa juzgada. El magistrado ponente, Gustavo Roque Leyva, explicó que la estrategia de la empresa parecía destinada a dilatar el juicio en lugar de abordar el fondo del mismo.
Grupo Elektra, de la propiedad de Ricardo Salinas Pliego, no tardó en reaccionar ante el veredicto, emitió un comunicado en el que califica la resolución de “sin sustento legal” y sostiene que va en contra de los principios de legalidad, seguridad jurídica y equidad tributaria. La empresa argumenta que el tribunal desestimó evidencia crucial, incluyendo contratos mercantiles y estados de cuenta bancarios, además de imponer requisitos no contemplados por la ley para su caso.
El enfoque de Grupo Elektra parece sugerir una conspiración más amplia, ya que la compañía argumenta que este fallo forma parte de una ofensiva desde el gobierno federal. En este sentido, hace hincapié en que la decisión no es un acto aislado, sino un reflejo de una justicia que, alegan, se alinea con un proyecto político, resultado directo de lo que describen como una “farsa electoral judicial”.
Uno de los puntos álgidos de su discurso se centra en la crítica al Poder Judicial, al que acusan de institucionalizar la extorsión fiscal, en lugar de actuar como contrapeso del poder Ejecutivo. En medio de esta controversia, la empresa ha anunciado su intención de presentar un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), manifestando su determinación de no ser doblegados por lo que caracterizan como una “aplanadora oficial” respaldada por el sistema judicial.
Este revés legal no es aislado para Grupo Elektra, ya que en menos de una semana había enfrentado otro fallo adverso por parte del Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa, que lo obligaba a pagar un crédito fiscal adicional de casi 2 mil millones de pesos, correspondiente al ejercicio de 2012.
La situación pinta un panorama complejo para la empresa, que sigue enfrentando desafíos significativos en su intento de mediar con un sistema judicial que, por lo visto, ha tomado una postura firme en este asunto fiscal.
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