Cada persona es libre de decidir si quiere guardar su dinero en casa en vez de en el banco. Lo que popularmente se conoce como tener el efectivo debajo del colchón es una práctica totalmente legal y no hay límites. Pero, además del riesgo que se corre en caso de robo o incendio en la vivienda, pueden surgir inconvenientes con Hacienda en el momento en el que se usen esos fondos, especialmente si las cantidades son elevadas. Y es que, si no se acredita su origen lícito o no ha sido declarado, el fisco puede considerar ese metálico como una ganancia patrimonial no justificada y aplicar una multa.
“El problema no es retirar el dinero del banco y guardarlo en casa, sino volverlo a ingresar después. Si pasa muy poco tiempo, probablemente Hacienda crea que se trata del mismo dinero, pero si los fondos llevan demasiado tiempo fuera del circuito bancario, cuando se ingresen de nuevo en una cuenta el fisco podría preguntar acerca de su procedencia”, explican desde el portal financiero HelpMyCash.
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Si todo está en orden, técnicamente no debería haber ningún problema. Sin embargo, insisten desde HelpMyCash, “la Administración no tiene por qué saber que el dinero ingresado hoy en el banco es el mismo que se retiró de la cuenta tiempo atrás, sean cinco o diez años”. Puede entender que se trata de un premio o un dinero heredado por el que todavía no se han pagado impuestos. Desde la Dirección General de Tributos señalan que “el consumidor tendrá que poder demostrar de dónde procede el dinero”.
Así, es recomendable guardar todos los documentos que ayuden a aclarar cualquier requerimiento por parte de la Agencia Tributaria, como extractos, justificantes de los reintegros, copia de las nóminas…
El consumidor tiene que poder demostrar de dónde procede el efectivo
Por otro lado, con el dinero inmovilizado en casa no solo se dejan de obtener intereses sino que se pierde poder adquisitivo por el efecto de la inflación. “Ninguna caja fuerte puede luchar contra la inflación. Si nuestro dinero no crece al mismo ritmo que la inflación, cada vez seremos más pobres”, aseveran desde el portal financiero HelpMyCash. Los expertos aconsejan apartar una cantidad para disponer de un fondo de emergencia con el que afrontar posibles gastos imprevistos e invertir el resto de los ahorros para generar rentabilidad.
Según estudios del Banco Central Europeo, la crisis del coronavirus ha elevado el ahorro en efectivo de los ciudadanos europeos. La demanda de billetes ha ido aumentando progresivamente desde 2007 y con la pandemia ha vuelto a incrementarse. A finales del año 2020 había billetes de euro en circulación por valor de 1,435 billones de euros, un 11% más que en la recta final de 2019.
En este contexto, y para reforzar la lucha contra el fraude fiscal, el Gobierno español ha endurecido los límites de las operaciones en efectivo. La nueva normativa trata de combatir las prácticas elusorias en el ámbito tributario y, entre otras medidas, disminuye el límite general para los pagos en efectivo cuando una de las partes es una sociedad o un autónomo, que desde el año 2012 estaba fijado en 2.500 euros, a 1.000 euros. El Ejecutivo ha advertido de que esta cifra se irá reduciendo de forma progresiva. Además, se reduce el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España.
Los expertos aconsejan tener un fondo de emergencias e invertir lo demás
Para Ricardo García-Borregón, abogado del departamento de derecho tributario de Ashurst, “si bien tener dinero en efectivo en casa es legal, eso no significa que las transacciones en metálico queden fuera del marco tributario”. Recuerda que cualquier renta obtenida por personas o entidades residentes está sujeta al IRPF o al impuesto de sociedades, sin importar que su percepción sea en efectivo o de cualquier otra forma.
García-Borregón subraya que “aunque pueda parecer que el efectivo queda fuera del ámbito de control de Hacienda, esta es una de las áreas en las que la Administración centra sus esfuerzos de investigación”. Explica que la Agencia Tributaria considera que los abonos en efectivo suelen estar muy vinculados con la economía sumergida. Para ello, Hacienda cuenta con numerosas fuentes de información. Por ejemplo, las entidades de crédito están obligadas a informar periódicamente de las imposiciones, disposiciones de fondos y cobros en efectivo por importe superior a 3.000 euros.
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