Guatemala bajo protección militar

En Ciudad de Guatemala, una fuerte respuesta de las autoridades ha llevado a la militarización de barrios y zonas del centro de la capital, asediadas por pandillas. Este despliegue comenzó el 17 de febrero de 2026, después de que estos grupos criminales, particularmente la pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), perpetraran varios ataques, resultando en la muerte de 11 policías en el último mes.

La situación de emergencia se intensifica tras el final de un estado de sitio que estuvo vigente por un mes, desde el 18 de enero. Bajo esta medida, las fuerzas del orden pudieron realizar arrestos sin orden judicial, con un enfoque en reducir la criminalidad que amenaza al país. Sin embargo, el presidente Bernardo Arévalo, en un esfuerzo por mantener la seguridad, ha optado por implementar un “estado de prevención” durante dos semanas, que permite menos restricciones que su predecesor y se encuadra dentro del Plan Centinela, dirigido a áreas populosas donde la violencia ha arraigado históricamente.

En la presentación de estos operativos, Arévalo destacó la necesidad de respuestas contundentes frente a un fenómeno que ha sembrado el terror durante décadas. Acompañado de un considerable contingente de fuerzas militares y policiales, así como de vehículos blindados, reafirmó su compromiso de ampliar las operaciones a nivel territorial en el departamento de Guatemala. El ministro de Defensa, Henry Sáenz, subrayó que se llevarán a cabo “operaciones de alto impacto” en las zonas con mayor incidencia delictiva, enfocándose en las pandillas que han sido declaradas “terroristas” tanto por Estados Unidos como por el gobierno guatemalteco.

Este renovado esfuerzo de seguridad sigue a una ola de violencia que ha acariciado al país. Cabe recordar que, tras la intervención de tres cárceles controladas por estas pandillas, los criminales tomaron rehenes como parte de una estrategia para forzar condiciones más favorables en las prisiones. Arévalo ha relacionado esta violencia, además, con un supuesto complot en su contra, articulado por una alianza entre figuras políticas y criminales en un contexto de renovación institucional en el sistema de justicia.

La administración actual, al implementar estas medidas, ha reportado logros significativos: una reducción del 50% en homicidios y un 33% menos en casos de extorsión en comparación con el año anterior. Estas cifras indican la urgencia y la relevancia de las acciones del gobierno en un país que busca restaurar la paz y la seguridad para sus ciudadanos. Con el pueblo guatemalteco observando atentamente, la efectividad de estos planes se definirá en las próximas semanas, en un entorno donde la expectativa y el miedo coexisten.

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