Guatemala ha finalizado un estado de sitio que se había impuesto hace un mes en respuesta a una ola de violencia provocada por la pandilla Barrio 18, que resultó en la muerte de 11 policías. El presidente Bernardo Arévalo dictó esta medida extraordinaria que permitía arrestos sin orden judicial, en un intento por recuperar el control tras la ocupación de tres cárceles que estaban bajo el dominio de esta organización, considerada “terrorista” tanto por las autoridades guatemaltecas como por Estados Unidos.
El anunciado final de este estado de sitio lleva consigo la implementación de un “estado de prevención”, el cual, aunque menos restrictivo, contempla un significativo despliegue de fuerzas de seguridad en Ciudad de Guatemala y sus alrededores. Arévalo expresó su optimismo, asegurando que su gobierno trabajará para que los ciudadanos puedan transitar de manera más segura por las calles. Los resultados hasta ahora parecen alentadores: se han detenido a 83 pandilleros considerados de alta peligrosidad, y las cifras de extorsiones y homicidios han mostrado una disminución del 33% y 49%, respectivamente, con respecto al mismo periodo del año anterior.
Durante este mes de medidas estrictas, el gobierno cortó los canales de comunicación que los pandilleros mantenían con el exterior desde las cárceles. Sin embargo, a pesar de estos avances, hay quienes en las calles se muestran escépticos sobre el fin de la violencia. Mariela Raxón, una tutora educativa de 40 años, expresó su preocupación acerca de que las soluciones adoptadas son insuficientes, sugiriendo que es crucial abordar problemas fundamentales como la pobreza, que alimenta las raíces del crimen organizado.
El Ministerio de la Defensa anunció que bajo el plan denominado “Centinela”, se realizarán patrullajes conjuntos de policías y soldados en áreas metropolitanas que enfrentan altos índices de extorsión y robos, así como en municipios cercanos. Vale la pena recordar que hace un mes, la situación en las cárceles se volvió crítica cuando los pandilleros tomaron rehenes en un intento de negociar mejores condiciones carcelarias o su traslado a establecimientos de menor seguridad.
El presidente Arévalo también ha señalado que la reciente ola de violencia podría estar ligada a un supuesto complot para desestabilizar su gobierno, orquestado por una alianza entre políticos corruptos y criminales. A medida que Guatemala navega por este delicado período, la atención se centra en las medidas que se implementarán para fortalecer la seguridad y abordar los factores subyacentes que alimentan la violencia y la criminalidad en el país.
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