La semana pasada, un incidente en el ámbito legislativo causó revuelo cuando la diputada de Morena, Olga Leticia Chávez Rojas, admitió abiertamente que su voto sobre el dictamen de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad se basó en un resumen generado por ChatGPT, sin haber leído el texto completo. La legisladora justificó su decisión alegando que el documento era extenso y fue enviado a los legisladores en la madrugada, lo que la llevó a buscar ayuda de la inteligencia artificial para obtener una visión rápida de la iniciativa.
Esta confesión desencadenó una ola de críticas, especialmente por parte de la oposición, a lo que Chávez Rojas respondió con una desafiante “Actualícense, ignorantes”, mostrando una notable falta de comprensión sobre la seriedad de su declaración. Al considerar que su voto se sustentó en un resumen, se plantea una cuestión esencial: la ley no se aplica de manera resumida. En México, las leyes deben aplicarse en su totalidad, pues cada palabra y cada señalización tienen un impacto crucial en su interpretación y aplicación.
La preocupación surge al imaginar las implicaciones de que un legislador dependa de un algoritmo para valorar o interpretar propuestas legislativas. Por ejemplo, un resumen erróneo podría omitir disposiciones clave, alterando así la esencia de lo que una ley podría representar. Si la diputada hubiera recibido un resumen incorrecto de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde se incluía un polémico artículo de censura a plataformas digitales, la representación del pueblo podría estar en riesgo.
Además, es esencial mencionar que las condiciones de uso de ChatGPT alertan de que sus resultados pueden no ser precisos y que no se debe confiar exclusivamente en ellos para decisiones de gran envergadura. La aprobación de normativas que afectan la seguridad y los derechos de millones podría definirse como una decisión de alta relevancia, lo que plantea serias dudas sobre la validez de los votos emitidos bajo tales circunstancias.
Esta situación no aborda simplemente un debate sobre la modernización de la técnica legislativa o la ética gubernamental. Más bien, subraya la necesidad crítica de un ejercicio responsable y consciente de la función pública. Dependiendo de un resumen automatizado, la legisladora no solo pone en tela de juicio la calidad de su trabajo, sino que también altera el funcionamiento del sistema democrático que debería velar por los derechos de la ciudadanía.
La gravedad de estos acontecimientos es un llamado a la reflexión sobre el papel de la inteligencia artificial en la toma de decisiones de alta relevancia. La intersección entre tecnología y derecho merece un análisis exhaustivo, sobre todo en un país donde las leyes son el fundamento del orden social y el respeto a los derechos humanos.
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