Con otra jornada de protesta nacional, Colombia ha entrado este miércoles en su tercera semana de manifestaciones contra el Gobierno de Iván Duque. Lo hace con una llamativa novedad. Por primera vez, el izquierdista Gustavo Petro, el candidato derrotado por Duque en la segunda vuelta de 2018, se unió a los manifestantes en las calles. A pesar de que no había salido hasta ahora, el exalcalde de Bogotá, que es también el rival a batir de cara a las presidenciales de 2022, ha promovido las protestas y los observadores coinciden en que su aspiración puede capitalizar el descontento social. “Creo que el presidente tiene que reunirse con los delegados de la movilización. Lo demás es carreta [embustes]”, declaró Petro a la prensa mientras marchaba en la tradicional carrera séptima, uno de los varios puntos de concentraciones en la capital.
En las incipientes coaliciones electorales que toman forma desde la orilla de la oposición, Petro encabeza el denominado Pacto Histórico, más a la izquierda que la Coalición de la Esperanza, que reúne a las fuerzas en el centro del espectro político y ya accedió a un encuentro con Duque para plantear salidas a la crisis. Petro, embarcado en un viraje al pragmatismo, ha apostado en esta coyuntura por proyectar una imagen presidenciable con “alocuciones” en sus redes sociales sobre la situación del país, pero ha mantenido distancia frente al impopular Ejecutivo de Duque. Aunque ha apoyado las protestas, también ha llamado a la mesura.
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La primera movilización para rechazar una fallida reforma fiscal, el pasado 28 de abril, fue la chispa que activó una amalgama de reclamos que han derivado en una catarata de convocatorias sindicales, estudiantiles y ciudadanas. A menudo han acabado en disturbios y enfrentamientos con la fuerza pública, pero los líderes de las marchas buscan reencauzar el carácter masivo y pacífico de las protestas en momentos en que el llamado comité de paro se ha topado con dificultades para echar a andar la mesa de negociación a la que se ha abierto el Ejecutivo.
El comité decidió el lunes convocar otra jornada de movilización, luego de dialogar con el Gobierno por segunda ocasión sin alcanzar acuerdos, en acercamientos que no alcanzan el ritmo requerido ante la crisis. La huelga mantiene al país bloqueado desde hace tres semanas, y Duque intentó ese mismo día lanzar un mensaje de fuerza al anunciar que la policía y el Ejército tratarán de desbloquear las carreteras que se mantienen obstruidas. Esa orden no cayó bien entre los líderes sindicales. “Duque le declara la guerra al paro al ordenar desplegar el máximo de las fuerzas militares y de policía sobre los sitios de concentración pacífica que hay hoy en Columna Digital”, declaró Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. El Gobierno decidió también este miércoles reabrir los pasos fronterizos que se mantenían cerrados por la pandemia en el sur del país, como lo pedían comunidades indígenas en el departamento de Nariño, que limita con Ecuador. A pesar de los desencuentros, las marchas son un paréntesis entre las negociaciones, y las partes planean volver a sentarse este jueves.
Aunque las escenas bélicas en ciudades como Cali o Popayán han provocado una oleada de críticas externas a Colombia, la jornada de paro nacional convocada la semana pasada ya mantuvo un ambiente predominantemente festivo, a ritmo de batucadas, en ciudades como Bogotá o Medellín. El sábado, en una convocatoria algo más espontánea, cientos de miles de personas marcharon por todo. Una marea humana, integrada por jóvenes casi en su totalidad, reunió a miles de personas en el monumento a Los Héroes, el simbólico punto de la capital donde se han congregado casi a diario entre cánticos de “resistencia”. A pesar de los fallidos intentos por derribar y quemar la estatua del libertador Simón Bolívar que corona el monumento, fue una de las movilizaciones más pacíficas en Bogotá desde el inicio de las protestas.
Entre los múltiples reclamos de los manifestantes, el uso excesivo de la fuerza ha emergido como el más urgente para desescalar la violencia. El comité de paro exige que el Gobierno ofrezca garantías para la movilización, cese la represión policial y sea contundente a la hora de censurarla con todas las letras. No son temores infundados. La brutalidad policial ha provocado que el Congreso cite a un debate de moción de censura el próximo martes al ministro de Defensa, Diego Molano. La Procuraduría ha informado que adelanta 71 indagaciones contra integrantes de la policía por presuntas violaciones de derechos humanos, mientras que Human Rights Watch ha recibido denuncias creíbles sobre 55 muertes en el marco de las protestas.
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