La regionalización de Portugal está en la Constitución, pero no en los bares. La reforma territorial inconclusa se arrastra desde 1976, ha dado pasos a trompicones y parece preocupar más a los políticos que los ciudadanos. Hace una semana, el primer ministro, el socialista António Costa, relanzó de nuevo la idea de culminar la regionalización del país con la celebración de un referendo en 2024. “Nadie debe tener miedo de lo que se avecina”, planteó Costa, que recordó que Portugal es el estado de la Unión Europea más centralizado. “Tenemos que pasar está página definitivamente confiando y apostando por la descentralización”, defendió en el congreso anual de municipios.
La propuesta del primer ministro se produce 23 años después del primer referendo sobre regionalización. Aquella consulta, celebrada el 8 de noviembre de 1998, reveló dos cosas: el desinterés por la reforma del Estado era generalizado (solo votó el 48% del censo) y los interesados estaban en contra (el 63,52% se opuso al proyecto). Así que la propuesta del entonces primer ministro y actual secretario general de la ONU, António Guterres, para crear ocho regiones se estrelló contra la indiferencia y el rechazo. Solo los votantes del Alentejo –y por los pelos (50,69%)– se mostraron de acuerdo en integrarse en una nueva demarcación territorial.
El referendo, que había sido apoyado por socialistas y comunistas, tuvo en contra al principal partido de la oposición, el Partido Social Democráta (PSD, centro derecha). Su líder de entonces, Marcelo Rebelo de Sousa, festejó el fracaso de la reforma territorial: “Los portugueses han demostrado que estaban en contra de experimentos y aventuras y con sus votos han evitado un error inútil, insensato y peligroso”.
Pero Rebelo de Sousa, presidente de la República desde 2016, esta vez respaldará la consulta si dispone de apoyo parlamentario, algo que parece viable dado que el líder del PSD, Rui Rio, se ha mostrado a favor siempre que no se aumente el endeudamiento público ni se multipliquen los parlamentos regionales. A la izquierda, tanto Bloco como PCP son partidarios de la reforma territorial. No obstante, Rebelo de Sousa dejó algunos avisos: “La regionalización que desean y van a construir no es para los alcaldes o para algunas fuerzas políticas, para crear lugares para cuando finalicen sus mandatos o para compartir el poder entre partidos más fuertes. Es para los portugueses”.
Antes de hablar así en el congreso nacional de ayuntamientos, que aprobó una resolución en defensa de la creación de regiones, Rebelo de Sousa ya había dado señales de cambio. “El presidente de la República se ha dado cuenta de que con la covid-19 y los diferentes problemas suscitados, es necesario un poder intermedio entre la administración central y los municipios”, declaró este verano al diario Público el ex ministro José Cravinho, que presidió en 2019 en la Asamblea de la República una comisión independiente para la descentralización. En su informe final se defiende una división del país en cinco regiones, que se corresponden con las actuales demarcaciones territoriales que gestionan las Comisiones de Coordinación y Desarrollo Regional (CCDR): Norte, Centro, Lisboa y Valle del Tajo, Alentejo y Algarve. António Costa concuerda con esta distribución: “Está claro que lo mejor es que asentemos las cinco regiones continentales para evitar un debate que divide a aquellos que apoyan la regionalización”. En ningún caso tendrían la autonomía política de las españolas, un modelo que en Portugal se observa con recelo debido a las permanentes tensiones, ni tampoco la de Azores y Madeira, las únicas regiones autónomas existentes en el país.
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