Hacia un nuevo #PGD

El pasado 10 de abril se cerró la consulta ciudadana sobre el nuevo Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México, un documento de gran importancia que traza lineamientos para el desarrollo urbano durante los próximos 20 años. Sin embargo, el proceso ha suscitado serias preocupaciones sobre su coherencia, integridad y real participación de los ciudadanos.

El PGD se presenta en un contexto que idealmente debería reflejar un diagnóstico incluyente, orientado hacia un desarrollo sostenible y ordenado. Sin embargo, muchos expertos y ciudadanos denuncian que el documento carece de un enfoque integral y no considera aspectos críticos como la autoconstrucción, el sistema de cuidados, ni el educativo. En su lugar, parece favorecer a grandes intereses inmobiliarios, en colusión con autoridades locales.

Más alarmante aún es la falta de un diagnóstico serio, respaldado por la participación de expertos en urbanismo, movilidad y sustentabilidad. Un diagnóstico adecuado es esencial para formular políticas públicas que atiendan de forma eficaz los problemas existentes. La ausencia de este elemento ha dejado a muchos wondering la dirección en la que se encamina la ciudad.

El concepto de participación ciudadana se ve torcido cuando la población no recibe información clara sobre los planes en cuestión. Preguntar a los ciudadanos “¿cómo sueñas tu ciudad?” es útil para discutir visiones utópicas pero no logra evaluar si hay un consenso informado sobre iniciativas significativas como la “redensificación” de diversas zonas, que implica la construcción de más desarrollos habitacionales. Esta estrategia podría contribuir a una grave escasez de recursos como agua y servicios, afectando, por ende, la calidad de vida de los habitantes.

Continúa preocupando que la consulta ciudadana no haya sido genuina, considerando las omisiones y fallas de este proceso. Diversas organizaciones han pedido la retirada del PGD en su forma actual, sugiriendo que incluso las propuestas surgidas de la consulta no son suficientes para legitimar un plan tan defectuoso.

Adicionalmente, la introducción de medidas que podrían redefinir el mapa urbano, como cambios inesperados en códigos postales y nombres de colonias y aumentos desproporcionados en impuestos prediales, sugiere una reconfiguración que podría estar favoreciendo intereses inmobiliarios a expensas de los residentes. Este tipo de decisiones despierta el temor de que zonas patrimoniales puedan ser recortadas y de que se impulse la gentrificación.

La situación exige un llamado a la acción. La jefa de Gobierno tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con la democracia, al solicitar a los organismos de planeación que realicen un diagnóstico adecuado y busquen la participación real de la sociedad en la toma de decisiones sobre su entorno.

El futuro de la Ciudad de México debe estar en manos de todos sus ciudadanos, no solo de unos pocos. La defensa del derecho a una ciudad equitativa y sostenible queda como un imperativo colectivo que no debe ser eludido.

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