La inspección que lleva a cabo la Agencia Tributaria a Juan Carlos I por indicios de un presunto delito fiscal que investiga la Fiscalía del Tribunal Supremo ha dado sus primeros pasos. Hacienda ha remitido al palacio de La Zarzuela dos requerimientos para que le facilite todos los pagos que la Casa del Rey ha hecho a Juan Carlos I desde su abdicación en junio de 2014 hasta 2018.
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La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga la cuenta del rey emérito en la que la Casa del Rey le ingresaba su asignación anual de 198.845 euros. Para comprobar si esos pagos que establecían los Presupuestos Generales del Estado coinciden con los ingresos y retiradas de dinero efectuados en su cuenta por Juan Carlos I durante el citado periodo.
Interventores y funcionarios de la Casa del Rey ya han facilitado la información requerida y respondido a las preguntas de los inspectores de Hacienda asignados a la investigación, según confirmaron a este periódico fuentes autorizadas de La Zarzuela. Dichas fuentes señalaron que los requerimientos de Hacienda a la Casa del Rey lo son en su condición de entidad pagadora de la asignación que recibió el monarca emérito hasta que esta le fue retirada por su hijo Felipe VI en marzo de 2020.
Hacienda investiga asimismo otros ingresos menores que funcionarios de la Casa del Rey hicieron en la cuenta del rey emérito y por solicitud de este último. Se trata, según fuentes cercanas a Juan Carlos I, de “pequeñas cantidades para el pago de compras en tiendas” que el anterior jefe del Estado solicitó que se liquidaran. Los inspectores intentan seguir el rastro del origen del dinero con el que se hicieron esos ingresos.
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La inspección de la Agencia Tributaria se inició después de que Juan Carlos I presentara ante Hacienda dos regularizaciones voluntarias. En la primera, abonó al fisco 678.393 euros por los regalos en dinero recibidos del empresario mexicano Allen Sangines-Krause durante los ejercicios 2016-2019. En la segunda, pagó 4,4 millones por los centenares de vuelos privados que le sufragó la fundación Zagatka de Álvaro de Orleans. Un pago en especie obligado a tributar el IRPF. Juan Carlos I costeó esta regularización con donaciones de empresarios amigos. Hacienda ha requerido a esos empresarios amigos del rey emérito que acrediten el origen del dinero que han aportado, según señala una fuente cercana al caso.
El fiscal del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos investiga a fondo esta segunda regularización al comprobar que de las cuentas de Zagatka salieron pagos relevantes en metálico. Así, tal y como adelantó este diario, remitió el pasado 24 de febrero una comisión rogatoria al fiscal suizo Yves Bertossa en la que le solicitaba los movimientos de las cuentas bancarias vinculadas a dicha fundación.
En la rogatoria, Campos argumentaba que su solicitud se encuadraba en las diligencias de investigación iniciadas en 2018 por la Fiscalía por indicios de presuntos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y delito fiscal del rey emérito por los pagos recibidos por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. “Existen elementos indiciarios de que estos fondos y otros que son también objeto de investigación provienen de comisiones y otras prestaciones de similar carácter obtenidas por Juan Carlos de Borbón en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales”, decía la comisión rogatoria del fiscal. Este se refería al presunto cobro de comisiones ilegales por las obras del AVE a La Meca construido por un consorcio de empresas españolas por el que está siendo investigado el rey emérito. Desde 2018, por la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón.
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Ante la interpretación que algunos medios han hecho ahora de esa explicación, obligada en cualquier solicitud de ayuda internacional. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha hecho pública este viernes una nota en la que destaca que “ya había informado anteriormente” de las tres diligencias de investigación que se siguen contra el rey emérito y que ese organismo no está “ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del fiscal, sino que simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación” anteriormente ya conocidos. “Resulta obvio que será precisamente el contenido de la respuesta que la autoridad requerida dé a la correspondiente comisión rogatoria lo que en su momento permitirá al fiscal confirmar o descartar esos indicios o incluso abrir otras vías de investigación”, dice la nota.
El fiscal suizo Yves Bertossa, que investiga en otra causa diferente los 65 millones de euros recibidos por Juan Carlos I en el banco suizo Mirabaud & Cie, ya ha remitido a sus colegas españoles los movimientos de la cuenta de esta fundación de Liechtenstein, desde 2016 a 2019, en los bancos Credit Suisse y Lombard Odier. Orleans fue interrogado por los fiscales Campos y Luzón; según su versión, esas salidas de dinero fueron para su uso personal. Los fiscales indagan si fueron para el rey emérito y no han sido declaradas.
La Fiscalía investiga también una casa en Londres, en el céntrico barrio de Belgravia, regalada supuestamente por el sultán de Omán al rey emérito. Las obras de esta casa londinense terminaron en agosto de 2015 y el apartamento se vendió finalmente por unos 50 millones a un joven árabe. Juan Carlos I no la llegó a ocupar, pero se investiga si recibió alguna cantidad por su venta. Supuestamente, el rey emérito pretendió tener esta vivienda a su nombre.
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El abogado del rey emérito, Javier Sánchez-Junco, ha denunciado este viernes a través de un comunicado que se ha vulnerado la presunción de inocencia de Juan Carlos I por las “graves afirmaciones” que la Fiscalía habría vertido en esa petición de información a Suiza sobre el origen de la fortuna del exjefe de Estado, y en las que —según la interpretación hecha este viernes por algunos medios— el ministerio público apuntaría a que el rey emérito habría cobrado comisiones internacionales de forma ilegal y con ello podría haber incurrido en delitos contra la Hacienda pública, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias. “En esa comunicación a las autoridades suizas se contienen graves afirmaciones e imputaciones de conductas que se realizan, a nuestro juicio. Sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación, estando contradichas por otros hechos de los que nada se dice”, argumenta el letrado.
