La trama de corrupción y evasión fiscal se enreda aún más en el entorno empresarial mexicano. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) acción penal contra los responsables de la empresa Portacelis Gas and Oil, una compañía tabasqueña con conexiones directas a Jorge Amílcar Olán, amigo de Andrés Manuel López Beltrán.
La imputación radica en un esquema de “huachicol fiscal” que habría causado un daño al erario público por más de 834 millones de pesos. Según un informe, la empresa presentó información falsa en 139 pedimentos de importación de combustibles entre febrero y junio de 2025, eludiendo así el pago de impuestos y derechos correspondientes.
La situación se complica aún más al considerar que el administrador único de Portacelis, Juan Carlos de la Cruz Murillo, ha sido identificado como un presunto prestanombres de Olán. De la Cruz también manifiesta una presencia inquietante en varias empresas, incluidas Romedic, Poyago, e Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, en esta última donde Olán controla el 90% de las acciones. Sin embargo, el 23 de diciembre de 2024, De la Cruz renunció y fue reemplazado por José Alonso Ulin Hernández, un joven carente de antecedentes empresariales, lo que ha llevado a algunos a calificar su salida como una estrategia para ocultar a los verdaderos fundadores de la empresa.
El periodista Raúl Olmos ha señalado que la denuncia del SAT, dirigida después contra Ulin y otros empleados, omitió a De la Cruz de cualquier cargo directo, lo que reitera la opacidad en los vínculos entre los directivos y la operativa del fraude fiscal.
Un elemento clave en esta red es el agente aduanal Víctor José Carretero Zardeneta, considerado esencial en el contrabando de combustible. Este individuo logró escapar a Estados Unidos en enero, eludiendo un operativo de captura de la FGR en la frontera entre Matamoros y Brownsville. Carretero, de nacionalidad doble y conocido en su comunidad como pastor cristiano, ya enfrenta dos órdenes de aprehensión relacionadas con el contrabando de hidrocarburos y, ahora, las irregularidades de Portacelis suman un nuevo ataque a su historial delictivo.
La complejidad del caso solo se intensifica a medida que las investigaciones de asociaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) exponen una red más grande de complicidad en el manejo de recursos públicos y el incumplimiento de regulaciones fiscales. La FGR ha integrado esta denuncia de los 139 pedimentos fraudulentos contra Portacelis como parte de un tercer expediente en contra de Carretero, evidenciando así una trama que, aunque comenzada en 2025, deja huellas de complicidad y corrupción cuya resolución aún está por verse.
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