Hacienda y Energía confirman estrategia de gasolina

Desde el 1 de marzo de 2025, el país se encuentra bajo la vigencia de una Estrategia Nacional diseñada para estabilizar el precio de la gasolina, un esfuerzo conjunto liderado por la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este pacto, que involucra a empresarios gasolineros, tiene como objetivo primordial mantener el precio de la gasolina regular, con octanaje inferior a 91, por debajo de los 24 pesos por litro.

Este acuerdo no es simplemente una cuestión de formalidades; fue desarrollado en una colaboración extensa entre varias instituciones clave. Además de las secretarías mencionadas, participaron la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Energía y el Servicio de Administración Tributaria, entre otras entidades. Esta sinergia busca proporcionar estabilidad al sector energético y garantizar que no haya un impacto negativo en el costo al consumidor.

Es relevante señalar que la reciente actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por inflación, que entró en vigor el 1 de enero, no afectará la estrategia establecida. Esto significa que, pese a las fluctuaciones naturales de la economía, los consumidores no experimentarán un incremento en los precios de la gasolina, lo que contribuye a la seguridad económica de los hogares y empresas en el país.

A lo largo del tiempo, la demanda de medidas como esta ha sido crucial, ya que el precio de combustible no solo afecta el transporte, sino que también incide en la economía general. La existencia de un marco regulatorio y de acuerdo permite un margen de seguridad ante posibles alzas abruptas que pongan en riesgo la estabilidad económica de la población.

En resumen, la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina representa un esfuerzo proactivo y coordinado entre diversas instituciones del gobierno mexicano. Mantener el precio por debajo de los 24 pesos por litro es una medida que busca ofrecer predictibilidad y seguridad a los consumidores en un entorno económico cada vez más incierto. Las acciones adoptadas por las autoridades están orientadas a asegurar que el costo del combustible no genere tensiones en la economía familiar y comercial, contribuyendo así a la estabilidad del país.

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