La Audiencia Nacional abre una investigación con respecto al ciberataque que sufrió en octubre el Punto Neutro Judicial, la red de telecomunicaciones que conecta a los órganos judiciales con otras instituciones del Estado y que se gestiona desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El magistrado instructor José Luis Calama ha tomado esta decisión tras recibir una denuncia del órgano de gobierno de los jueces, que advertía que el hackeo “podría haber afectado a datos personales de contribuyentes depositados en las bases de datos de la Agencia Tributaria”.
El juez investiga posibles delitos contra altos organismos de la nación, y de descubrimiento y revelación de secretos. Como primera medida, el instructor solicita informes a la Agencia Tributaria y al Centro Criptológico Nacional, que depende del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). También ha declarado el secreto de sumario. Calama es el mismo magistrado que mantiene abierto el caso Pegasus, sobre la presunta infección de los móviles de miembros del Gobierno con el software espía Pegasus.
El Consejo General del Poder Judicial
El pasado lunes que había sufrido este ciberataque en la segunda quincena de octubre. El Punto Neutro Judicial (PNJ) es un sistema de interconexión telemática que no contiene información en sí mismo. Sirve para centralizar y trasladar peticiones de información entre los órganos judiciales y organismos o instituciones como la Agencia Tributaria, la Dirección General de la Policía, el Servicio Público de Empleo o el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Uno de sus objetivos es, precisamente, aumentar la seguridad en la tramitación de asuntos judiciales y facilitar el acceso a información de otras instituciones, desde Hacienda a Prisiones, el Registro Civil o la Seguridad Social.
Según el CGPJ, las primeras averiguaciones permitieron saber que los hackers utilizaron el PNJ “para acceder a otras instituciones públicas”, pero que no se vieron “comprometidos” datos sobre procedimientos judiciales u otra información en poder de los juzgados y tribunales. Según esas indagaciones, el objetivo era desde un principio obtener información de la Agencia Tributaria.
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