Hackers amenazan con filtrar datos tras violar la Universidad de Pennsylvania.

El viernes por la mañana, alumni, estudiantes, personal y miembros de la comunidad de la Universidad de Pensilvania recibieron en sus bandejas de entrada varios correos electrónicos provenientes de hackers que se hacían pasar por representantes de la Escuela de Educación de Graduados (GSE) de la institución.

El mensaje, cargado de provocaciones, afirmaba: “ tenemos prácticas de seguridad terribles y somos completamente poco meritocráticos.” En un tono amenazante, el correo continuaba: “Nos encanta romper reglas federales como FERPA (todos sus datos serán filtrados)”. Este mensaje fue enviado desde diversas cuentas afiliadas a la universidad, incluyendo la GSE, y simulaba proceder de varios altos miembros del personal, buscando causar confusión y alarma.

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Varios afiliados de la universidad recibieron el correo en repetidas ocasiones desde diferentes remitentes que usaban direcciones oficiales del dominio @upenn.edu. Un exalumno y antiguo empleado de la universidad, por ejemplo, indicó haber recibido el mensaje tres veces en su correo personal.

Ante la situación, un portavoz de la universidad, Ron Ozio, se dirigió a los medios, comentando que el equipo de respuesta a incidentes estaba “activamente abordando” el problema. En su comunicado, Ozio subrayó que el mensaje fraudulento evidentemente no representaba ni la misión ni las acciones de la Universidad de Pensilvania o de la GSE, calificado como altamente ofensivo y dañino.

Lo que se insinuó en este ataque cibernético parece tener la intención de desincentivar las donaciones de los alumni. Este evento se produjo poco después de que la universidad había rechazado públicamente una oferta del gobierno de los Estados Unidos para alinearse con las directrices políticas de la administración anterior a cambio de financiamiento federal. En particular, la Universidad de Pensilvania y seis otras instituciones decidieron no aceptar la propuesta presentada por la Casa Blanca.

Dicha propuesta, denominada “Compacto para la Excelencia Académica en la Educación Superior,” exige a las universidades abolir la acción afirmativa en contrataciones y admisiones, así como imponer medidas disciplinarias a aquellos departamentos que, según se indicaba, menospreciaban ideas conservadoras e incluso incitaban a la violencia contra ellas. Las instituciones que firmaran el pacto tendrían que congelar las matriculas durante cinco años, ofrecer educación gratuita a estudiantes de “ciencias duras,” y restringir la matrícula de estudiantes internacionales al 15%, además de exigir el uso de pruebas estandarizadas para las admisiones.

Además, el pacto implicaba establecer políticas que marginalizaran a estudiantes transgénero y no conformes con su género. En su réplica, el presidente de la universidad, J. Larry Jameson, expresó que dichos términos “conflictan con la diversidad de opiniones y la libertad de expresión, elementos centrales que las universidades aportan a la democracia y a la sociedad”.

Aunque esta situación es alarmante, es importante comprender que ocurre en un contexto más amplio que involucra debates cruciales sobre la libertad académica y el compromiso de las instituciones educativas con la diversidad y la inclusión.

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