La guerra entre Israel y Hezbolá ha cobrado una nueva víctima, esta vez en el ámbito periodístico. La periodista libanesa Amal Khalil perdió la vida el miércoles debido a un ataque aéreo israelí que impactó en una vivienda en el sur del Líbano, donde se había refugiado mientras cubría el conflicto. Su cuerpo fue recuperado de los escombros varias horas después del ataque, según informaron equipos de rescate.
El trágico incidente tuvo lugar en la aldea de al-Tiri, y se produjo tras un segundo bombardeo que destruyó la casa en la que Khalil se encontraba junto a su colega Zeinab Faraj, la cual resultó gravemente herida. Ambas periodistas se habían refugiado allí luego de que un primer ataque alcanzara su vehículo, poniendo de manifiesto la creciente peligrosidad de la cobertura informativa en zonas de conflicto.
El Ministerio de Salud libanés precisó que el primer ataque dejó dos muertos y que el segundo fue devastador para la vivienda. Los rescatistas, que llegaron al lugar con la esperanza de salvar vidas y recuperar cuerpos, se vieron obligados a suspender temporalmente sus labores debido a nuevos ataques aéreos. Finalmente, el cuerpo de Khalil fue rescatado por una operación conjunta del ejército libanés, la defensa civil y la Cruz Roja Libanesa.
En medio de esta crisis, el ejército israelí ha declarado que el incidente se encuentra bajo investigación, rechazando la acusación de haber atacado a periodistas o de haber impedido labores de rescate, argumentando que hubo actividades que contravenían el alto el fuego. Por su parte, el ministro de Información libanés, Paul Morcos, describió el ataque como un “crimen” y una violación del derecho internacional humanitario.
La muerte de Khalil se produce en un contexto tenso, ya que está acercándose un nuevo ciclo de conversaciones sobre el alto el fuego entre autoridades israelíes y libanesas en Washington. Con su fallecimiento, el número de periodistas muertos en Líbano en lo que va del año ha ascendido a nueve, en un conflicto que ha dejado más de 2.300 muertes y ha desplazado a más de un millón de personas desde marzo.
Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas han condenado este ataque y han advertido que obstruir las operaciones de rescate podría configurarse como un crimen de guerra. Esta creciente presión internacional pone en relieve la urgencia de encontrar una solución pacífica en la región, en un momento donde la cobertura periodística y la vida de quienes la realizan se encuentran en riesgo constante.
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