El trágico hallazgo del juez federal Everardo Maya Arias ha conmovido a la comunidad jurídica y a la sociedad en general. Encontrado muerto el domingo dentro de una camioneta estacionada en un camino de terracería, cerca del panteón de Santa Cruz Cuauhtenco, en Zinacantepec, su cuerpo presentaba un disparo en la cabeza, y junto a él se localizó un arma de fuego. Hasta el cierre de la información disponible, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no había proporcionado detalles sobre las circunstancias de su deceso.
Maya Arias, de 53 años, dejó su huella en el sistema judicial mexicano a lo largo de su carrera. Fue juez tercero de distrito en materia de amparo en el Estado de México y, aunque recientemente había pasado a la situación de retiro, su legado estaba marcado por decisiones significativas que generaron tanto repercusiones sociales como legales. Entre sus resoluciones más destacadas se encuentra el amparo concedido a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, quien está vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También otorgó una suspensión definitiva a Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en relación a una orden de aprehensión que enfrentaba.
La indignación por su muerte fue palpable. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) se pronunció de manera contundente, condenando el asesinato del juez Maya Arias. En un contexto de creciente violencia hacia los miembros del poder judicial, la organización también alzó la voz tras incidentes recientes, como la irrupción de personas armadas en el domicilio familiar de la jueza Reyna Rodríguez, destacando lo inadmisible de tales actos que ponen en riesgo la seguridad de los jueces y sus familias.
El asesinato del juez no solo subraya las vulnerabilidades del sistema judicial en México, sino que también invita a reflexionar sobre la necesidad de garantizar protección a quienes administran justicia en un país donde los riesgos parecen en aumento. La comunidad judicial, y la sociedad en general, continúan esperando respuestas y exigencias a las autoridades pertinentes para esclarecer este caso y brindar seguridad a los magistrados y jueces que, como Maya Arias, han dedicado su vida al servicio de la justicia.
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