Este miércoles La Comisión Europea ha aprobado un proyecto de directiva que amplía el listado de delitos medioambientales y prevé la imposición de sanciones más duras, incluidas fuertes penalizaciones económicas para las empresas infractoras y penas de prisión de al menos 10 años para las personas condenas por hechos más graves.
La nueva directiva busca reforzar la protección de la naturaleza y el medio ambiente y garantizar que en todos los países se imponen penas disuasorias suficientemente rigurosas para evitar, sobre todo, los daños deliberados o por negligencias.
El proyecto de directiva establece nuevas categorías de delitos a nivel europeo. Entre los nuevos delitos figuran el comercio ilegal de madera, el reciclado ilegal de barcos, la extracción ilegal de aguas, los vertidos de substancias tóxicas desde barcos, las violaciones graves de las normas sobre especies invasivas o las violaciones graves de la legislación sobre productos químicos.
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Bruselas apunta que las grandes empresas no evitan una infracción si perciben que solo afrontarán castigos de naturaleza administrativa. La Comisión señala como ejemplo de esa impunidad el caso de Volkswagen, que llevó a cabo una manipulación masiva de los motores para ocultar el nivel real de emisiones. El proyecto de directiva pretende poner fin a esa impunidad. Y para ello, obligará a los Estados miembros a introducir penas adicionales a las multas.
Entre los castigos añadidos figuran la obligación de reparar el daño medioambiental causado, la exclusión de cualquier programa de ayuda pública, la retirada de permisos para ejercer la actividad en que se cometió la infracción, la liquidación judicial de la empresa o el cierre temporal de algunas de sus instalaciones.
Daños irreparables
El texto precisa las circunstancias agravantes que deberán tomarse en cuenta para imponer los castigos más duros. Un listado que incluye el haber provocado un daño irreparable, haber utilizado documentación falsa o haber obtenido un gran beneficio económico con la infracción. La directiva también establece períodos mínimos para evitar la prescripción de los delitos. En los casos más graves, podrán investigarse y castigarse al menos hasta 10 años después de haber sido cometidos.
Bruselas espera que la directiva obligue a los Estados a endurecer la persecución y castigo de los delitos medioambientales. Y señala como área de especial preocupación el tráfico ilegal de madera, rampante en países como Rumania. La Comisión abrió un expediente en diciembre de 2020 contra ese país por incumplir las normativas comunitarias y mantener una vigilancia muy laxa sobre la explotación abusiva de los bosques. Los traficantes de madera incluso asesinaron el año pasado a dos guardias forestales que intentaban frenar su actividad.
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