La crisis de la covid-19 ha puesto de manifiesto por qué es urgente un pacto social sobre los cuidados para acabar con las desigualdades estructurales y la creciente feminización de pobreza en Latinoamérica, que en 2021 la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) estimó que afectaría a 118 millones de mujeres, 23 millones más que en 2019.
Esta crisis de salud, económica y social sin precedentes podría haber sido una oportunidad para por fin reconocer el cuidado como la piedra angular de nuestras sociedades. Desde los inicios de la pandemia, el trabajo invisible de millones de mujeres suplió en gran parte las carencias de sistemas públicos frágiles y deficitarios por causa de la creciente privatización y mercantilización del sector público. Así, cada día aplaudimos a los millones de profesionales de la salud, que en un 73% son trabajadoras que se exponían al virus sin equipo de protección adecuado y en sistemas sanitarios sin recursos tras décadas de falta de inversión pública; sentimos gratitud hacia las que ponían en riesgo su salud y la de sus familias para seguir cuidando a nuestros familiares dependientes; ante el cierre de las escuelas, las que compatibilizaron dobles y triples jornadas con el cuidado de sus hijos, y muchas también de sus nietos y sobrinos.
Desde todas las regiones resuena un mensaje común: estamos aún a tiempo de aprender de las lecciones de esta crisis para preguntarnos qué sociedad y qué futuro queremos para nosotras
Sin embargo, las medidas institucionales de respuesta a la covid-19 siguen menospreciando y obviando de modo flagrante la centralidad de los cuidados. En consecuencia, asistimos a un claro retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres. En América Latina se estima que su participación laboral retrocedió al nivel de 2008. El sector de las labores domésticas remuneradas fue uno de los más golpeados por la crisis, un sector caracterizado por la precarización y falta de protección social. Solo en Colombia, cuatro de cada 10 empleadas de hogar se quedaron sin empleo desde que estalló la pandemia.
El cuidado no es una cualidad intrínseca de las mujeres, sino una necesidad básica de todos los seres humanos. Debido a la construcción social de género, el mandato cultural ha impuesto históricamente a ellas el papel de cuidadoras y se ha distribuido en condiciones estructurales de discriminación y desigualdad, especialmente entre las que pertenecen a grupos marginalizados como migrantes, indígenas y no blancas. Solamente en Latinoamérica, Naciones Unidas estima que entre 11 y 18 millones de personas se dedican a las tareas domésticas remuneradas, de las cuales un 93% son mujeres que en su gran mayoría trabajan en condiciones de informalidad. En la esfera privada, según Oxfam, ellas son las que siguen realizando más del 75% de las labores de cuidados no remuneradas, con consecuencias palpables en su desigual acceso a las oportunidades educativas y laborales. A pesar de ello, en 2021 el PNUD estimó que “las medidas dirigidas a la seguridad económica de las mujeres y que abordan los cuidados no remunerados siguen constituyendo solo una fracción del total de la protección social y respuesta del mercado laboral”.
Solo en Colombia, cuatro de cada 10 empleadas domésticas se quedaron sin empleo desde que estalló la pandemia
Desde hace décadas, el movimiento feminista ha reclamado la necesidad de poner las labores de cuidado pagadas y no pagadas en el centro de la agenda política, una demanda avalada por organismos internacionales. Como resultado, se han producido importantes avances como la adopción de medidas legislativas al respecto en Uruguay, Argentina y más recientemente México.
No obstante, esta tarea aún tiene rostro de mujer. Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las organizaciones feministas de la región nos articularemos en torno a la Huelga Mundial de Mujeres para reclamar un pacto social sobre los cuidados y también hacer visible que son posibles las alternativas al modelo patriarcal y capitalista que esta pandemia ha desenmascarado en toda su crudeza.
Son alternativas que llegan desde las comunidades, particularmente de las mujeres. Como desde Chile, que en plena pandemia ha vivido un proceso constitucional histórico que permitirá deshacerse del legado de la dictadura de Augusto Pinochet, donde más de una veintena de organizaciones feministas se unieron en el proyecto Más que Juanitas. De este surgieron propuestas para que la nueva Constitución asegure los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de ellas bajo la premisa de que no existe ningún “derecho humano que no esté potencialmente afectado de algún modo por la distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidados”.
Una veintena de organizaciones feministas se unieron en el proyecto ‘Más que Juanitas’ en Chile del que surgieron propuestas para que la nueva Constitución asegure los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las mujeres
Desde Colombia, donde el 90% de las mujeres dedica tiempo a trabajo doméstico no remunerado, y donde los movimientos feministas populares proponen una reestructuración social, política y económica que coloca al cuidado, el bienestar y solidaridad como ejes de las políticas públicas.
Desde todas las regiones resuena un mensaje común: estamos aún a tiempo de aprender de las lecciones de esta crisis para preguntarnos qué sociedad y qué futuro queremos para nosotras y nosotros mismos, para las personas que amamos y también para un planeta asfixiado por un modelo de crecimiento y explotación insostenible. Pensar en los cuidados implica un cambio de paradigma, y también pensar en nuestra alteridad y abrazar nuestra vulnerabilidad, la vulnerabilidad de la vida misma. Todos y todas dependemos de los cuidados en algún momento de nuestra existencia, de forma individual pero sobre todo, colectivamente. Porque sin cuidados, ¿sería acaso posible la vida?
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