Desde su hogar en San Miguel Allende, Jesusa Rodríguez mantiene un vínculo con México, realizando encargos periódicos. En esta ocasión, se enfoca en el juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, originario de San Agustín Tlacotepec, Oaxaca. Al ser interrogado sobre sus planes en la SCJN, Aguilar expresó ambiciones de reformas significativas.
“Vamos a hacer ajustes a los salarios, a las prebendas, a los beneficios que tenían los ministros y ministras”, aseguró Aguilar, quien considera que es necesario revisar los altos salarios de los jueces jubilados, que fluctúan entre 205 mil y 385 mil pesos mensuales.
Acerca de este notable sistema de pensiones, Aguilar se sorprendió: “Un pensionado de la Corte puede ganar una suma considerable de por vida solo por haber ocupado el puesto”. Este sistema, que incluye asignaciones de ayudantes y otros beneficios, representa una carga significativa al presupuesto de la SCJN, un costo que recae sobre los ciudadanos.
Los cambios que propone Aguilar no sólo afectan a los jubilados, sino también al personal en activo. La reforma judicial limita la capacidad del presidente de la Corte para tomar decisiones administrativas, lo que podría complicar la reducción de los salarios, ya que muchos funcionarios han solicitado amparos para proteger sus ingresos. No obstante, Aguilar se muestra decidido: “Queremos que todos los miembros del Poder Judicial adapten sus salarios a la norma constitucional”.
La austeridad es clave en su enfoque, considerando que “no hay necesidad de ganar mucho para dar buenas resoluciones”. La intención es eliminar beneficios excessivos, como tarjetas de alimentación de hasta 63 mil pesos mensuales.
Aguilar también revela que su agenda aboga por la protección de los derechos humanos, centrándose en grupos tradicionalmente marginados como mujeres, niños, adultos mayores, indígenas y migrantes. “La Corte históricamente ha hecho énfasis en temas administrativos y fiscales, pero hay que hacer un cambio”, comenta. Él sostiene que la diversidad cultural de México debe reflejarse en la Corte.
Para evidenciar esta diversidad, propone la inclusión del bastón de mando indígena en el logotipo de la Corte. Además, aboga por la creación de un centro de documentación que compile normatividad de derecho estatal e indígena, facilitando que las voces de las comunidades sean escuchadas.
Aguilar se compromete a una Corte accesible y abierta al público. Desearía que la institución se convirtiera en un espacio donde los ciudadanos puedan recibir orientación legal y apoyo para sus demandas. Establecerá horarios específicos para atender al público, buscando un acercamiento genuino con las personas que enfrentan conflictos.
La perspectiva de Aguilar se centra en el diálogo y la construcción de paz, alejándose de sentencias que pueden generar más divisiones. Considera que una Corte activa en la comunidad puede comprender mejor las necesidades de la población, promoviendo una justicia verdaderamente inclusiva.
Esta transformación en la SCJN es parte de una visión más amplia, donde la austeridad y la sensibilidad social son pilares fundamentales para el ejercicio de la justicia en México.
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