Hungría se encuentra en un momento crucial bajo el liderazgo del primer ministro Peter Magyar, quien busca desmantelar una serie de estructuras institucionales vigentes durante los 16 años de gobierno de Viktor Orbán. Esta estrategia incluye reformas constitucionales ambiciosas y la reestructuración de los medios de comunicación, todo en un esfuerzo por desbloquear 16.000 millones de euros (18.300 millones de dólares) en fondos de la Unión Europea que han estado congelados. Estas restricciones fueron impuestas debido a inquietudes sobre el Estado de derecho en el país.
Magyar, en el cargo desde el 9 de mayo de 2026, cuenta con el respaldo de su partido, Tisza, que tiene una mayoría de dos tercios en el Parlamento. Esta condición le permite avanzar en la normalización de las relaciones con Bruselas, esencial para liberar los fondos europeos. Hasta ahora, ha introducido un paquete anticorrupción y ha disuelto la Oficina de Protección de la Soberanía, que perseguía a los críticos del anterior gobierno. Recientemente, la suspensión de dos noticieros en radios públicas fue celebrada por Magyar como el fin de la propaganda de Orbán.
Una de las iniciativas más controvertidas es la denominada “Operación Fuego Purificador”, que propone una reforma constitucional de 12 puntos. Esta enmienda busca destituir al presidente Tamás Sulyok, aliado de Orbán, además de establecer la edad de retiro obligatorio para jueces a los 70 años y limitar los mandatos legislativos a un máximo de 12 años. El Parlamento podría votar esta enmienda en la próxima semana, aunque la fecha aún no ha sido confirmada oficialmente.
Sulyok, sin embargo, se ha negado a dimitir y ha calificado estos movimientos como una amenaza a la democracia. “La cuestión es si esta fuerza arrasará con los principios del Estado de derecho reconocidos y exigidos internacionalmente”, declaró en un comunicado. Como respuesta, el partido de Orbán, Fidesz, ha convocado manifestaciones en defensa de Sulyok, argumentando que los votantes húngaros no aprobaron estos cambios.
La presión para destituir a Sulyok ha sido denunciada por organizaciones como Amnistía Internacional, mientras que el politólogo Gabor Torok advierte sobre los peligros de las modificaciones constitucionales frecuentes. Magyar, no obstante, sostiene que su acción responde a la voluntad democrática del pueblo. En relación con la presión internacional, una delegación de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa visitó Hungría la semana pasada, aunque sus conclusiones no han sido publicadas.
Pese a estas reformas, el gobierno de Tisza no ha roto completamente con la retórica de la era Orbán. Continúa oponiéndose a la política migratoria de la UE y no ha derogado leyes discriminatorias contra la comunidad LGBTQ+, incluidas regulaciones declaradas ilegales por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en abril de 2021.
En el ámbito mediático, varios medios privados vinculados a cercanos a Fidesz han cesado sus operaciones tras el agotamiento de subsidios publicitarios estatales, lo que indica un cambio en la dinámica del apoyo financiero a medios afines al gobierno. Gabor Polyak, del Observatorio de Medios Mertek, mencionó que los oligarcas están menos dispuestos a invertir en medios debido a la pérdida de poder de Orbán.
Esta información se refiere a los acontecimientos hasta el 9 de julio de 2026 y se espera que continúen desarrollándose en los próximos días, especialmente con la votación de la enmienda constitucional.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
