La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido este miércoles de que utilizará todos los medios a su disposición para obligar al Gobierno húngaro de Viktor Orbán a rectificar la reciente ley sobre protección de la infancia que equipara la homosexualidad con la pedofilia. Von der Leyen ha calificado esa ley de “desgracia” durante su intervención ante el pleno del Parlamento Europeo. Y ha acusado al Ejecutivo húngaro de “utilizar la protección de la infancia, que es un interés legítimo, como una coartada para discriminar gravemente a las personas en función de su orientación sexual”.
Por primera vez desde que llegó al poder en 2010, Orbán parece haber cruzado una línea roja y se ha expuesto a represalias políticas y financieras que hasta ahora había esquivado con innegable habilidad. La tolerancia de Bruselas con Budapest empieza a tocar a su fin. “Europa nunca permitirá que una parte de nuestra sociedad sea estigmatizada”, ha subrayado Von der Leyen durante un debate sobre la polémica ley húngara en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. “Cuando nos plantamos en defensa de una parte de nuestra sociedad, nos estamos plantando en defensa del conjunto de la sociedad”, ha añadido la política alemana.
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Von der Leyen ha enumerado, con tono tajante y contundente, los instrumentos de los que dispone para penalizar al Gobierno húngaro, no solo por la ley calificada como homófoba sino por el deterioro general del Estado de derecho. Y más allá de la previsible denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si Budapest no renuncia a la norma cuestionada, Von der Leyen ha esgrimido las armas legales que le permiten cortar o limitar los flujos financieros de la UE de los que depende en gran medida la política económica de Orbán.
La presidenta de la Comisión ha asegurado que aplicará a rajatabla el nuevo reglamento que permite suspender los fondos europeos a los países donde se resquebraja el Estado derecho. Y ha anunciado que iniciará los primeros expedientes en otoño, con Hungría claramente en el punto de mira, aunque la posible suspensión de fondos debería esperar a que el Tribunal de Justicia europeo resuelva, previsiblemente a finales de año, el recurso de Hungría y Polonia contra el nuevo reglamento.
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La dirigente comunitaria ha señalado, además, que aprovechará el contrato financiero que firma con cada país para el desembolso de las multimillonarias ayudas para exigir el cumplimiento de ciertas condiciones. Entre esas condiciones figura, en el caso de Hungría, como la lucha contra la corrupción y la colaboración efectiva con la Oficina de la Lucha contra el Fraude (Olaf).
Ya en 2019, cuando Orbán todavía se cobijaba bajo el poderoso paraguas del Partido Popular Europeo (PPE), la Comisión le impuso correcciones en los fondos por valor de 1.000 millones de euros tras auditar los sistemas de licitación ligados a proyectos financiados por la UE. Un tajo considerable para un país que recibió unos 6.000 millones de euros anuales en fondos estructurales entre 2014 y 2020 (25.000 millones en total).
Tras la salida forzosa del PPE a principios de este año y el patinazo de la ley contra la comunidad LGTBIQ+, a Orbán le espera un escrutinio muy riguroso que puede poner en peligro las ayudas comunitarias. La Comisión ya señalaba en las recomendaciones específicas para Hungría de 2019 que “varios indicadores sugieren que la exposición a la corrupción ha aumentado en los últimos años”. Y en las de 2020, lamentaba la falta de competencia real en los procesos de adjudicación pública de proyectos de inversión. “El elevado número de ofertas únicas socava la efectividad del sistema de licitación pública”, avisaba el organismo comunitario.
