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En noviembre de 2020, el huracán Iota golpeó las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el Caribe colombiano. Desde entonces, quienes viven en la región han expresado sus inconformidades con respecto a las soluciones que impuso el Gobierno del expresidente Iván Duque, que durante dos años se dedicó a la reconstrucción de las islas sin tener en cuenta ni a sus habitantes ni a la comunidad raizal. Esto ha perjudicado a la esfera social, económica y hasta ambiental de la región. También ha suscitado importantes debates sobre cómo la justicia ambiental debe legislar, cómo debe implementarse y cómo puede definirse. Este caso es un ejemplo perfecto de cómo la justicia ambiental es un reflejo directo de la justicia racial y un caso de estudio de cómo ignorar a una actúa en detrimento de la otra.
El caso de Providencia puede darnos luces sobre cómo, al no cumplirle a las comunidades raciales y/o étnicas, se determinan las demás dinámicas al fracaso. Teniendo en cuenta que el huracán Iota destruyó el 90% de la isla de Providencia, podríamos pensar que quienes deberían tener potestad a la hora de reconstruir la isla deberían ser quienes la han habitado, isleños y raizales. Por desgracia, esto no sucedió. El 21 de agosto, el actual presidente, Gustavo Petro, visitó esa isla para evaluar la ‘reconstrucción’ entregada por el expresidente Iván Duque. “Realmente ni se tuvo en cuenta a la comunidad raizal ni su cultura arquitéctonica”, dijo a modo de conclusión Petro.
La misma denuncia que hizo el presidente la hacen líderes de la región como Amparo Pontón, periodista y residente de la isla de Santa Catalina, quien ha manifestado su preocupación frente a los altos costos de las construcciones de las nuevas casas, que por demás se hicieron sin atender los requerimientos dados por la comunidad raizal e isleña. Cada vivienda tuvo un costo de hasta 640 millones de pesos colombianos (más de 215.000 dólares). Y la reconstrucción no incluyó ni hospital ni la restauración del colegio más grande de Providencia, el María Inmaculada, que sigue hasta hoy con aulas provisionales.
Yurshell Rodríguez Hooker, ingeniera ambiental con experticie en cambio climático, mitigación y adaptación, quien actualmente trabajaba para la organización If not us then who?, asegura que el proceso posterior al huracán le ha revelado a su comunidad y a sí misma una relación determinante: “Nosotros, como pueblo raizal, que llevamos más de 400 años habitando unos maritorrios [una acepción adaptada por la comunidad raizal para referirse al territorio marítimo], hemos entendido como tantas otras comunidades la importancia de vivir en sinergia con el entorno, en sincronía, porque hay que entender que hay que cohabitar, pero además de cohabitar, hay que coexistir. Uno aprende desde muy joven que uno es parte de la naturaleza”, le dijo a América Futura.
Pese a que la comunidad raizal e isleña de Providencia advirtió sobre sus necesidades arquitectónicas específicas para el cuidado de las personas y la prevención de desastres, sus requerimientos no fueron escuchados, menos implementados. Algo que puede resultar en un desastre de mayor magnitud, pues las nuevas casas de Providencia no cuentan con espacios propicios para resguardar a quienes las habitan en caso de un huracán, como sí era el caso de las antiguas casas. Durante Iota, en 2020, muchos lugareños lograron resguardarse en los baños de sus casas y, gracias a esos espacios, las pérdidas del huracán se contaron principalmente en bienes materiales y no en vidas humanas.
Hoy Providencia se encuentra frente a una crisis económica, social y climática que pudo ser evitada. Ahora es indispensable que el Gobierno colombiano concentre sus esfuerzos en aplicar a lo que queda de ‘reconstrucción’ las peticiones de la comunidad raizal y los isleños. Ahora mismo urge que la isla vaya regresando a su número de habitantes regular para evitar el crecimiento de una burbuja económica en torno a los alimentos y los arriendos. El número de personas en Providencia se duplicó desde que iniciaron las construcciones, algo que ha resultado en aumento de costos en la canasta familiar y en la vivienda, pues los contratistas están dispuestos a pagar más por bienes y servicios que los locales, para poder proveer a sus empleados.
Y si bien este es un problema relevante, no es el único. Yurshell Rodríguez Hooker pide desde sus redes sociales: “¿Qué queremos los raizales? 1.Densidad poblacional que esté por debajo de la capacidad de carga y consolidación de la isla como Reserva de Biósfera. 2.Recuperación cultural y ambiental. 3. Un sistema diseñado y manejado por el raizal, de acuerdo a su idiosincrasia”, escribió. El archipiélago forma parte de la Reserva de la Biósfera Seaflower y su densidad poblacional debe mantener un equilibrio consciente.
“La protección de la Reserva de Biosfera Seaflower ha permitido la conservación de especies claves y ecosistemas estratégicos, tanto para Colombia y el Caribe como para el mundo”, indica la fundación Sunflower. “Seaflower contiene ecosistemas representativos de las regiones tropicales insulares, en especial extensos arrecifes coralinos, praderas de pastos marinos, manglares, playas, mar abierto y bosques secos tropicales, los cuales albergan puntos de alto endemismo. Seaflower hace parte del hotspot de arrecifes del Caribe Occidental y parte del hotspot del Caribe terrestre.”
Sí entendiéramos la justicia racial como una prioridad para las comunidades negras y los pueblos originarios, no habría en este momento una reconstrucción de Providencia mediocre y exorbitante como la que entregó el Gobierno anterior, pero se sigue viendo en las comunidades raciales y étnicas una incapacidad que no está ahí. La verdadera incapacidad se origina en no tomar en serio a las comunidades ni de escuchar lo que piden. La justicia ambiental cambia según el contexto, las necesidades y la legislación de cada territorio. Esta justicia no necesariamente está operando de forma continua. Hay ocasiones donde entra en funcionamiento por eventos circunstanciales, como después de un fenómeno natural. Cuando estos fenómenos naturales se presentan llega la resolución de que, aún cuando lo olvidamos, lo socioambiental es un esquema codependiente e inseparable. Asimismo lo asegura Yurshell: “No se puede separar la justicia ambiental de la justicia racial. Las dos luchas hacen parte y tienen una raíz casi en el mismo sistema, van de la mano, ninguna es excluyente de la otra; sin la una la otra no sería completamente”. La justicia racial comprende entonces muchos otros sistemas que podrían impactar de forma integral la construcción de justicia real y efectiva en Providencia y el resto del mundo.
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