En 2025, la U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) firmó un contrato por $2 millones con Paragon, una empresa israelí especializada en software de espionaje. Este acuerdo suscitó preocupación, llevando a la administración Biden a someterlo a revisión y a emitir una “orden de detención de trabajo” para asegurar su conformidad con un decreto ejecutivo que restringe el uso de software de vigilancia comercial que pueda violar derechos humanos.
Pasado casi un año y ante la inminente expiración del contrato, ICE levantó la detención de trabajo, indicando que este contrato incluye una solución completa que abarca licencias, hardware, mantenimiento y capacitación. La noticia fue reportada por el periodista independiente Jack Poulson en su boletín.
Paragon ha cultivado una imagen de ser un desarrollador responsable de tecnología de vigilancia, contrastando con firmas más controvertidas como Hacking Team y NSO Group. En su sitio web, la empresa afirma ofrecer “herramientas éticas y basadas en principios” a sus clientes. Sin embargo, el renacimiento de su relación con ICE plantea un dilema ético. ICE ha intensificado las deportaciones masivas y ampliado sus poderes de vigilancia desde el mandato de Donald Trump.
En un intento por demostrar buena voluntad, el presidente de Paragon, John Fleming, declaró a inicios de 2025 que la compañía solo vende a gobiernos estadounidenses y aliados no especificados. A pesar de estos intentos, Paragon enfrenta retos éticos significativos. Solo unos meses antes, WhatsApp reveló que 90 de sus usuarios, incluidos periodistas y trabajadores de derechos humanos, habían sido blanco del spyware de Paragon, denominado Graphite. Consecuentemente, la empresa decidió cortar lazos con el gobierno italiano tras una investigación sobre el uso de su tecnología en actividades de espionaje.
Investigaciones posteriores confirmaron que otros periodistas, entre ellos un colega de un periodista italiano previamente atacado, también fueron hackeados con este software. A pesar de que un comité parlamentario italiano concluyó que el espionaje de activistas pro-inmigración era legal, no se encontró evidencia de que las agencias de inteligencia italianas, antes clientes de Paragon, hubiesen atacado a los periodistas.
Expertos en derechos digitales, como John Scott-Railton, han advertido que las herramientas de vigilancia, aunque puedan ser presentadas como recursos para la seguridad, están diseñadas más para dictaduras que para democracias que valoran la libertad y la protección de los derechos individuales. La creciente cantidad de escándalos relacionados con el uso de software de espionaje en contextos democráticos subraya la preocupante realidad de estas tecnologías, de las cuales Paragon sigue siendo parte, a pesar del deterioro de su reputación.
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