Un fuerte enfrentamiento verbal tuvo lugar en el Congreso local el 21 de enero de 2026, entre la fiscal Idamis Pastor y la diputada local de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano. La tensión surgió durante una sesión de preguntas, donde Suriano cuestionó a la fiscal por la reciente contratación de varios exfiscales, a quienes se les había destituido por corrupción.
Entre los mencionados se encuentran Luis Antonio León Delgadillo, Miguel Ángel Islas Álvarez y Jorge Malvaez Rodríguez, relacionados con la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Alta Incidencia y la Fiscalía en Investigación de Delitos de Procedencia Ilícita. Este enfrentamiento refleja una preocupación creciente sobre la integridad de las instituciones y la idoneidad de los funcionarios que dirigen la justicia en Puebla.
La fiscal, en su defensa, enfatizó la necesidad de confiar en el personal al que se invita a trabajar, justificando así sus decisiones pasadas. Afirmó que con base en los currículums, creía que estas personas tenían el perfil idóneo. Sin embargo, agregó que ya se habían comenzado investigaciones en torno a ellos.
Las acusaciones no se limitaron sólo a la administración de la fiscalía. Pastor dirigió un dardo envenenado a Suriano, al recordarle la situación de tres presidentes municipales de su partido, que enfrentan serios cargos judiciales. Uruviel, Ramiro y Giovanni González Vieyra, alcaldes de Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, respectivamente, están en procesos por delitos graves, lo que añade un matiz delicado a la discusión. La fiscal insinuó que la presunción de inocencia debe aplicarse a todos los involucrados, incluidos los alcaldes, buscando así clarificar que las acusaciones no son sin fundamento.
Fedrha Suriano, en su respuesta, no abordó directamente el tema de los exediles, pero arrojó una acusación al aire respecto a posibles implicaciones de la fiscalía: “¿Estará sujeta usted a presunción de inocencia por las acciones cometidas por su personal?”, cuestionó, sugiriendo que la fiscal podría estar involucrada en encubrimiento por las acciones de sus subordinados.
Este intercambio resalta la complejidad de las relaciones entre instituciones gubernamentales y políticas en Puebla; una danza delicada entre responsabilidad y defensa, en la que cada parte busca proteger su imagen y su posición en medio de una sociedad que exige transparencia y justicia. Con el panorama legal en constante evolución, los ciudadanos observan atentamente cómo estas confrontaciones impactarán el futuro de la política local y la confianza en sus instituciones.
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