Igualdad, justicia y empoderamiento de mujeres y niñas

Hablar de acceso a la justicia puede parecer, a primera vista, un asunto técnico, casi abstracto, reservado para códigos, tribunales y procedimientos. Sin embargo, más allá de la toga y los formalismos legales, este concepto impacta en la vida cotidiana de las personas. Se refiere a la capacidad real de una mujer, en cualquier rincón del mundo, para ejercer sus derechos y confiar en que el Estado la escuchará, protegerá y responderá ante sus necesidades.

El 8 de marzo de 2026, en el contexto del Día Internacional de las Mujeres, el lema “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas” se erige como un llamado crucial. Este evento congregará en Nueva York a representantes de diversas naciones durante la 70ª Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70). El propósito es reafirmar que el acceso a la justicia es fundamental para el ejercicio pleno de los derechos y para abordar los obstáculos históricos que dificultan su realización.

El acceso a la justicia actúa como un puente entre la norma y la práctica de derechos. Sin embargo, a nivel global, hay una brecha significativa entre el ideal y la realidad. En América Latina y el Caribe, esta discusión cobra especial relevancia. La región ha logrado avances normativos y en políticas públicas, con 20 países que han tipificado el feminicidio en su legislación penal. Además, cuenta con instrumentos innovadores, como el Acuerdo de Escazú, que promueve el acceso a la información y la participación en cuestiones ambientales.

No obstante, el desafío va más allá de la legislación. Persisten barreras estructurales que dificultan el acceso efectivo a la justicia. La distancia a los tribunales, los costos de los procesos judiciales, la falta de defensorías especializadas y la presencia de estereotipos de género en los procedimientos son solo algunas de las limitaciones que enfrentan las personas que buscan justicia.

La ausencia de justicia se traduce en un aumento alarmante de la violencia de género. En 2024, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) registró al menos 3,828 feminicidios en 26 países de la región, lo que equivale a 11 mujeres asesinadas cada día por el hecho de serlo. Esa misma año, más de 5,500 tentativas de feminicidio fueron reportadas, evidenciando fallas en la prevención y protección.

El acceso a la justicia también abarca la garantía de derechos sexuales y reproductivos, así como la eliminación de prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, que afecta a una de cada cinco niñas y adolescentes en la región. A pesar de que 17 países han legislado la prohibición absoluta del matrimonio infantil, aún prevalecen uniones informales que implican riesgos similares.

Es fundamental que el acceso a la justicia sea inclusivo, teniendo en cuenta la diversidad cultural y social. Las mujeres afrodescendientes, indígenas y en situación de movilidad enfrentan más barreras que limitan su acceso a servicios judiciales. Asimismo, las personas con discapacidad y aquellas que pertenecen a la comunidad LGBTI+ enfrentan obstáculos en todo el proceso judicial que requieren atención urgente.

La tecnología tiene el potencial de mejorar el acceso a la justicia, facilitando denuncias e información, especialmente en zonas remotas. No obstante, sin un enfoque de derechos humanos y de género, puede también perpetuar desigualdades. Es crucial que las plataformas tecnológicas implementen mecanismos para proteger y garantizar un acceso equitativo.

La CSW70 situará el acceso a la justicia en el centro del debate global para fortalecer sistemas jurídicos inclusivos y eliminar normas discriminatorias. Esta es una oportunidad para reafirmar un principio esencial del derecho internacional de los derechos humanos: la no regresividad en la protección de mujeres y niñas.

Para garantizar el acceso a la justicia, se necesitan marcos legales sólidos con enfoque de género, financiamiento adecuado, servicios especializados, datos confiables y un compromiso genuino con la rendición de cuentas. Esto significa coherencia entre la ley y su implementación, así como entre los discursos y las acciones realizadas.

Con base en estos desafíos y realidades, se hace un llamado claro a la acción. Urge transformar los compromisos en resultados concretos; los avances normativos deben traducirse en cambios tangibles en la vida de todas las mujeres y niñas. La justicia no es un gesto simbólico, sino una necesidad esencial para construir sociedades más justas y seguras.

Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.