En los últimos meses, el sector energético en México ha sido objeto de un debate intenso y complicado que plantea serias interrogantes sobre la dirección que está tomando bajo la presente administración. Se observa un intento del gobierno por crear un espejismo de apertura y compromiso hacia la energía limpia, cuando en realidad, desde 2021, la participación de estas fuentes en el sistema eléctrico ha disminuido considerablemente. Este escenario ha sido acompañado por una serie de maniobras burocráticas y regulatorias que tienen más de ilusión que de efecto real, estrechando las libertades del sector privado y encaminando al país hacia un modelo energéticamente monopólico y estatal.
Contrario a los logros alcanzados por la Reforma Energética de 2013, que promovió un marco más competitivo y diverso, el gobierno actual parece estar en una senda de retroceso. La propuesta de un nuevo modelo de “Planeación Vinculante” en la Ley del Sector Eléctrico busca reinventar un sistema que, de facto, restablece la centralización del poder en el Estado, al imponer que este controle al menos el 54% de la generación de energía. Este enfoque no solo elimina la competitividad en el sector, sino que también disminuye la eficiencia operativa y provoca un aumento en los costos para los consumidores.
La situación se agrava con la introducción de “contratos mixtos”, donde los actores privados se ven obligados a depender completamente de decisiones gubernamentales, careciendo del control sobre su producción. En este sentido, la figura del sector privado se convierte en una mera extensión del gobierno, lo que podría desincentivar las inversiones necesarias para la transición hacia energías más limpias y accesibles. A pesar de la afirmación oficial de que cientos de empresas han mostrado interés, la creciente incertidumbre y los riesgos regulatorios implican que solo aquellos con vínculos estrechos con el gobierno puedan optar por participar.
El nuevo modelo también restringe duramente la libertad de acción del sector privado, eliminando la posibilidad de que los generadores de electricidad comercialicen excedentes o compitan abiertamente en el mercado. El resultado es una carga adicional de costos y una mayor contaminación, en un país que busca transitar hacia un futuro más sostenible. Las licitaciones y adjudicaciones directas, en lugar de ser un proceso transparente y competitivo, se convierten en un campo de juego cómodo para aquellos que tienen acceso y capacidad para negociar desde la opacidad.
Un aspecto crítico que se suma a esta problemática es la infraestructura de transmisión, que ya presenta limitaciones notables. La falta de inversión pública y la prohibición implícita de la inversión privada impiden una expansión efectiva y necesaria de la red. El gobierno, aunque declare contar con un “portafolio de inversiones”, carece de la capacidad para financiar el crecimiento requerido, que supera los 30,000 millones de dólares, situación que limita aún más la disponibilidad de energía confiable y económica.
En este entorno de incertidumbre, no solo se pone en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico, sino también el atractivo de México como destino para inversiones estratégicas, como el “nearshoring”. Así, el país se enfrenta a una crisis que no solo es económica, sino también estructural, donde el futuro energético parecería vislumbrarse más sombrío a medida que se cierran las compuertas a las oportunidades de crecimiento y desarrollo sostenible.
Las proyecciones del gobierno, que aspiran a alcanzar un 38% de energía limpia para 2030, se perciben más como una esperanza vacía que como un plan viable. Por ende, la realidad de este nuevo modelo deja entrever que, muy pocos serán aquellos que opten por seguir los ansiados lazos que el gobierno está tratando de ofrecer. La pregunta que queda es si el país logrará cambiar esta dirección antes de que sea demasiado tarde.
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