Fuer aprobada por los integrantes de la Cámara de Diputados la Ley 3 a 3 que impide a las personas deudoras alimentarias o que hayan recibido una sentencia por violentar a una mujer, acceder a candidaturas o puestos de trabajo en el sector público.
La reforma que modifica el artículo 38 y 102 de la Constitución fue impulsada por el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva, conformado por diputadas de todos los partidos políticos, y recibió 455 votos a favor y 25 abstenciones.
Al hacer uso de la tribuna, la diputada Aleida Alavez, vicecoordinadora de Morena, destacó el trabajo en conjunto entre las legisladoras de todas las fuerzas políticas para sacar adelante esta iniciativa que, recordó, está pendiente desde la anterior Legislatura.
“Con esta reforma se da certeza a víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores en puestos de elección como servidores públicos y se les dice claramente que no volverán a ocupar sus cargos si perpetúan estas prácticas (…) Este es un mensaje social muy claro: ninguna persona agresora tendrá cabida ni espacio en este ningún otro gobierno, ninguna persona agresora o deudora alimentaria morosa podrá percibir ingresos del erario público porque nuestros impuestos no pueden ser destinados a cubrir los gastos de quienes atentan contra la vida e integridad de las mujeres ”, indicó.
Aunque la reforma salió por consenso, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, se opuso con firmeza a la aprobación e incluso presentó una moción suspensiva para detener la discusión alegando que no va a erradicar la violencia contra las mujeres y al contrario se “va a utilizar perversamente, como se ha utilizado hasta la fecha, para sacar de toda actividad política a compañeros y a compañeras”.
La moción suspensiva de Noroña fue desechada y le valió reclamos de diputadas desde sus curules.
El dictamen fue turnado al Senado de la República para su discusión, aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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