Este miércoles, la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio un paso significativo al avanzar en una propuesta que busca imponer un gravamen del 5% a las remesas enviadas por migrantes. Esta iniciativa forma parte de un paquete de cambios fiscales introducido por el Partido Republicano, y fue aprobada en el Comité de Medios y Arbitrios con el respaldo de 26 votos republicanos y la oposición de 19 demócratas. A pesar de intensas gestiones diplomáticas para detener su avance, esta medida aún requiere la aprobación final del Congreso.
Antes de la votación, expertos del Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica (Cemla) y BBVA advirtieron sobre el impacto que este impuesto podría tener en los trabajadores migrantes, quienes suelen ser muy sensibles a los costos asociados con las remesas. La implementación de dicho gravamen podría llevar a muchos de ellos a buscar canales informales y no regulados para enviar dinero a sus familias en sus países de origen, aunque continuarán apoyando económicamente a sus seres queridos.
El director del Foro de Remesas de Cemla, Jesús Cervantes González, señaló que en caso de que la iniciativa avance, los migrantes probablemente optarán por remesas digitales y criptoactivos. Sin embargo, sus operaciones perderían el registro y la transparencia actuales, resultando en un escenario “indeseable e ineficiente”, aunque los recursos seguirían fluyendo.
Según el documento elaborado por los republicanos, solo aquellos emisores que carezcan de documentos para trabajar en Estados Unidos serían afectados. Esto implica que alrededor de cuatro millones de mexicanos entre los 12 millones que residen en el país quedarían sujetos a esta regla. Las transferencias bancarias, aunque más caras, se perfilan como una opción para evitar el impuesto, aunque no se contabilizarían como remesas en el sentido estricto.
La carga adicional que implicaría un impuesto del 5% sobre una remesa promedio de 400 dólares significaría un costo extra de 30 dólares para el remitente, desglosándose en 20 dólares por el impuesto y 10 dólares por el envío. Un analista de BBVA comentó que, a pesar de esto, los migrantes históricamente han podido absorber dichos gravámenes, una tendencia que se ha mantenido durante dos décadas.
El Cemla también ha proporcionado información valiosa sobre el papel de las remesas en la economía de las familias en México. Se estima que los trabajadores migrantes destinan aproximadamente el 16.7% de su ingreso laboral a enviar dinero a sus hogares, lo que subraya la importancia de estos envíos para la estabilidad económica de sus familias.
Un punto crucial a considerar es que, a pesar de la percepción generalizada de que los inmigrantes, en particular los indocumentados, no contribuyen fiscalmente, muchos de ellos están sujetos a impuestos. De hecho, hay inmigrantes que presentan su declaración anual utilizando el Número de Identificación del Contribuyente Individual (ITIN), lo cual contrarresta estereotipos erróneos sobre su aporte a la economía estadounidense.
Es notable que Estados Unidos, en línea con las tendencias internacionales, ha buscado reducir los costos de las remesas en el pasado. Sin embargo, la introducción de un impuesto no solo encarecería estas transacciones, sino que también podría contradecir esfuerzos globales por aliviar la carga económica sobre quienes envían dinero a sus países de origen.
En conclusión, la propuesta de gravar las remesas pone de manifiesto la complejidad de la situación económica actual y plantea interrogantes sobre su impacto futuro en la capacidad de los migrantes para apoyar a sus familias. Este contexto resalta la interconexión de las economías y la dependencia de muchas familias en México de estos flujos de dinero, que son esenciales para su subsistencia.
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