Un total de 130 gobiernos —representantes de países cuyas economías suman más del 90% del PIB mundial— han aprobado un plan para obligar a las empresas multinacionales a pagar una tasa mínima por el impuesto sobre los beneficios del 15%. El acuerdo tiene lugar tras más de diez años de negociaciones en el seno de la OCDE tendentes a garantizar un sistema fiscal internacional más justo, en el que las grandes empresas con proyección transfronteriza dejen de hacer uso de jurisdicciones de conveniencia y estrategias de ingeniería fiscal para eludir el pago de impuestos.
Con el nuevo sistema, las multinacionales pagarán más y lo harán también en los países donde generan sus beneficios, algo que se venía vulnerando, especialmente por parte de las grandes empresas digitales. Salvando esa tasa mínima del 15%, los gobiernos seguirán disponiendo de la capacidad para fijar sus tarifas impositivas, pero ahora sujeta a una supervisión multilateral.
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El acuerdo se aplicará a multinacionales de gran tamaño, inicialmente con facturación de más de 20.000 millones de dólares, para reducirlos a 10.000 millones transcurridos siete años. Como en disposiciones similares, existen excepciones y periodos de adaptación para empresas especiales o pertenecientes a sectores de difícil concreción de la ubicación fiscal de sus actividades normales. En cuanto a los firmantes, nueve de los 139 que participaron en la negociación se han negado al pacto, entre ellos Irlanda, Estonia y Hungría. La Unión Europea deberá ser consecuente con este acuerdo y reducir la tolerancia que hasta ahora mantenía con algunos países alejados de códigos de conducta mínimamente aceptables.
Pero estas limitaciones no restan importancia al pacto. El respaldo conseguido es amplísimo, con la comprometida adhesión del G-20, incluidas las inicialmente remisas China y la India. Los recursos que podrán recuperar las haciendas públicas de los países, estimados por la OCDE entre 100.000 y 250.000 millones de dólares cada año, son significativos, especialmente en un periodo de dificultad para las finanzas públicas como el actual. La pobre contribución tributaria de algunas grandes empresas dificulta la inversión en servicios sociales en muchos países.
