Ricardo Monreal Avila, presidente de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República, pedirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN) revise los fallos de los jueces que dejan sin efecto la aplicación de la Ley para la Transparencia, la Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad.
Monreal Ávila, analiza si impugnará el fallo de jueces federales, quienes suspendieron la aplicación de la Ley para la Transparencia, la Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad al declararla inconstitucional.
Desde la semana pasada, los jueces Primero en Materia Administrativa, Jonathan Bass; Segundo y Tercero Especializados en Competencia Económica, Juan Pablo Gómez Fierro y Ramón Lozano, concedieron seis amparos de 300 que han promovido agencias publicitarias, plataformas digitales y empresas de medios de comunicación contra esta ley que entró en vigor desde el pasado 1 de septiembre de 2021.
Los jueces rechazaron la esencia de la Ley, que señala que la reventa de espacios publicitarios pueda catalogarse como una actividad ilícita.
La ley impide que las agencias contraten espacios publicitarios sin que estos hayan sido ordenados por un anunciante, es decir una marca o una empresa. También prohíbe que las agencias reciban remuneración alguna por parte de los medios de comunicación y obliga a las agencias a revelar los datos de los anunciantes que hayan contratado sus servicios.
Ordena que, si la contratación de espacios publicitarios la realiza un ente público, la contratación debe adecuarse a los criterios de la Ley General de Comunicación Social, una ley que fue declarada inconstitucional por la SCJN el 8 de septiembre de 2021.
Además, busca prohibirles a las agencias de publicidad la posibilidad de especular con la compra de espacios publicitarios para su posterior reventa. “(Esto) implica prohibirles una actividad que no sólo es lícita, sino que es común en todas las actividades comerciales”, manifestó el juez Juan Pablo Gómez Fierro.
Por su parte, el Juez Jonathan Bass, manifestó que las relaciones jurídicas y comerciales que desempeñan los agentes publicitarios, sea con los anunciantes de bienes y servicios, o bien, con los vendedores de espacios publicitarios, medios de comunicación, que están amparadas por el espectro de protección del principio de autonomía de la voluntad y por la libertad del trabajo, ambas de rango constitucional.
Esta Ley obliga a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a emitir los criterios para realizar las denuncias correspondientes cuando se detecten prácticas indebidas en la contratación de anuncios publicitarios.
La Cofece en su momento interpuso una controversia constitucional, tras considerar incremento de atribuciones y facultades que no le correspondían; así mismo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) también interpuso una controversia constitucional ya que, consideró diversas disposiciones contenidas en esta Ley afectan la competencia constitucional de este órgano autónomo.
En su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá que revisar los fallos de los jueces, que mientras tanto no surten efecto y no protegen a las empresas de sujetarse a la ley.
En noviembre de 2020, el senador Ricardo Monreal presentó la iniciativa con la que pretendía erradicar lo que llamó “las prácticas abusivas que cometen agencias contra anunciantes, al adquirir espacios publicitarios en medios de comunicación”.
Esta fue aprobada en abril de 2021 en el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de junio. La ley de Publicidad entró en vigor el 1 de septiembre.
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