Incautan 2 millones en armas tras operativo en Río

Durante una contundente operación policial en Rio de Janeiro, considerada la más letal en la historia de Brasil, las autoridades se apresuraron a conseguir una gran cantidad de armamento vinculado al narcotráfico. El pasado martes, más de 117 presuntos delincuentes y cuatro policías perdieron la vida en enfrentamientos en favelas de la ciudad, mientras se desmantelaba una de las organizaciones criminales más poderosas del país, el Comando Vermelho.

El gobierno estatal informó sobre una incautación sin precedentes que incluye 120 armas, entre ellas 93 fusiles de guerra procedentes de varios países, valoradas en aproximadamente 12.8 millones de reales, es decir, 2.4 millones de dólares. Además de las armas, las fuerzas del orden encontraron una cantidad significativa de municiones, explosivos, drogas y equipo militar. Las autoridades señalaron que parte del armamento tiene origen en naciones como Venezuela, Argentina, Perú, Bélgica, Rusia y Alemania, incluyendo modelos emblemáticos utilizados en conflictos armados como el AK-47 y el FAL. Algunos de estos fusiles, de acuerdo con el secretario de la policía civil de Rio de Janeiro, Felipe Curi, pertenecen a fuerzas armadas de diferentes países, lo que revela la gravedad del arsenal descubierto.

Este arquetípico “arsenal de guerra” proporciona un panorama alarmante sobre el tráfico de armas y su uso en el narcotráfico en la región. Las investigaciones se centrarán ahora en las rutas utilizadas por los grupos criminales para traer este letal municionamiento a Rio.

La operación tuvo lugar en un momento crítico para Brasil, pocos días antes de que el país se prepare para acoger la COP30 en la ciudad de Belém. A pesar de que la acción policial ha sido objeto de críticas por su método de mano dura, especialmente entre los residentes de las favelas y organizaciones de derechos humanos, recientes encuestas revelan que una mayoría de los brasileños apoya la operación. El gobernador del estado, Cláudio Castro, la califica como un “éxito” en la lucha contra el “narcoterrorismo”.

En respuesta a las críticas sobre laxitud en materia de seguridad, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, proclama un enfoque más firme. Presentó recientemente al Congreso un proyecto de ley que propone penas de hasta 30 años de prisión para miembros de facciones criminales. Además, sancionó una nueva legislación que reforzará la lucha contra el crimen organizado, tipificando como delito la conspiración y la obstrucción de acciones contra estas organizaciones.

Con estas medidas, Brasil busca abordar de forma más efectiva la creciente ola de violencia relacionada con el narcotráfico, resaltando la necesidad urgente de fortalecer la seguridad en el país.

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