Los índices de criminalidad en diversas regiones de México han experimentado un alarmante aumento durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Según estadísticas recientes, se ha registrado un incremento significativo en delitos de alto impacto, lo que ha generado preocupación entre la población y expertos en seguridad.
En particular, la violencia ha escalado en estados como Guanajuato, Baja California y Zacatecas, que se han convertido en focos rojos por la intensa lucha entre cárteles y pandillas. Este fenómeno no solo afecta a la población local, sino que también incide en el turismo y la economía de las regiones.
Desde el inicio del mandato de López Obrador, en diciembre de 2018, los esfuerzos del gobierno por implementar estrategias de seguridad y pacificación se han visto desbordados por la magnitud de la problemática. Las cifras son contundentes: en algunos casos, los homicidios dolosos han aumentado hasta un 70% en comparación con la última década.
Además, la percepción de seguridad entre los ciudadanos ha caído a niveles críticos. Encuestas recientes indican que un alto porcentaje de la población considera que su seguridad personal se ha deteriorado, lo que afecta la convivencia y la confianza en las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos.
La situación se torna aún más compleja ante la falta de recursos y una estrategia que, luego de más de tres años, aún no ha mostrado resultados alentadores. La participación de la Guardia Nacional en el enfrentamiento a la violencia, aunque bien intencionada, ha sido cuestionada por su eficacia, dejando a la sociedad con un sentimiento de incertidumbre respecto a su futuro.
Es crucial que, como sociedad, se promueva un debate abierto y constructivo sobre las soluciones viables para frenar esta ola de criminalidad. Los ciudadanos esperan respuestas claras y contundentes, así como políticas que realmente garanticen su seguridad y bienestar.
En este contexto, se hace urgente una actualización de las cifras y estrategias aplicadas para abordar el fenómeno de la violencia en el país. Los datos, correspondientes al 10 de febrero de 2026, revelan la necesidad de un replanteamiento integral de la política de seguridad en México. Este es un llamado a repensar enfoques y a trabajar en conjunto para construir un entorno más seguro para todos.
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