El Juzgado de Instrucción nº2 de Madrid, conocido habitualmente como Plaza de Castilla, ha comenzado una investigación preliminar contra la antigua concejala del PSOE, Leire Díez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia. Esta investigación surge a partir de una denuncia presentada por la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC).
La querella, admitida a trámite esta semana, culpa a Díez de intentar interferir en procedimientos judiciales que involucran a reconocidos empresarios como Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn, así como al abogado Jacobo Teijelo. Según las acusaciones, habría filtrado información confidencial sobre altos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, poniendo en tela de juicio la integridad del proceso judicial.
Este caso ya ha sido apodado como el “caso Fontanera” en los medios judiciales, y ha generado repercusiones en varias instancias. Tres juzgados adicionales en Madrid (los números 9, 26 y 44) están también examinando denuncias relacionadas, incluyendo una presentada por la asociación Hazte Oír, que sugiere la posibilidad de revelación de secretos.
Las acusaciones se fundamentan en grabaciones, testimonios y comunicaciones que implican a Díez en ofrecer intercesiones con la Fiscalía a cambio de información perjudicial sobre el entonces jefe de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, y otros agentes involucrados en investigaciones sensibles.
Aunque en este momento las diligencias se tramitan de manera separada, no se descarta que se unan en un único caso. La Fiscalía ha recibido ya un primer informe judicial y está evaluando si ampliar la investigación a otros individuos implicados en el asunto. Fuentes cercanas al procedimiento informan que la jueza instructora tiene la intención de citar a nuevos testigos en un futuro próximo.
Leire Díez, quien fue concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid entre 2015 y 2019, es reconocida por su estrecha relación con el núcleo del partido. Medios y fuentes judiciales la describen como una intermediaria informal entre el empresariado y figuras del poder, y fue apodada ‘la fontanera’ por su aparente rol como facilitadora de favores e influencias fuera de los canales oficiales. Hasta el momento, ni Díez ni el PSOE han emitido declaraciones públicas acerca de las acusaciones en su contra.
La información presentada data del 16 de julio de 2025 y refleja un entramado complejo que plantea interrogantes sobre la relación entre el mundo político y empresarial en España.
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