El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que ya dura más de tres años, ha llevado a que España deje de ser considerada una democracia plena para incorporarse al grupo de las democracias “defectuosas” en la última entrega del Índice democrático que elabora anualmente el The Economist. “Una bajada de 0,18 puntos en la valoración de España ha sido suficiente para que España sea apartada del grupo de democracias plenas”, indica el semanario británico en su informe, que continúa: “La caída de España se debe principalmente a una peor valoración de la independencia judicial, debido a las divisiones políticas sobre el nombramiento de nuevos jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”.
España aparece en el puesto 24 de la clasificación de la publicación con una puntuación de 7,94, por detrás de Israel y Francia y por delante de Chile y Estados Unidos. España llegó a obtener una nota de 8,45 en 2008. Noruega lidera la tabla con un 9,75, mientras que Afganistán la cierra, con un 0,32. La puntuación de España ya comenzó a rozar el de la segunda división democrática tras el referéndum del 1 de octubre de 2017, como explica el semanario liberal en su informe, y las medidas legales adoptadas por el Gobierno contra los líderes independentistas. La revista ha criticado en otras ocasiones con dureza el juicio del procés y, en general, una aproximación “legalista en exceso” al desafío independentista.
El informe describe la situación que ha llevado al bloqueo institucional. “El órgano de gobierno de los jueces trabaja en funciones desde 2018, y no ha habido acuerdo sobre el nombramiento de nuevos jueces, algo para lo que se necesita una mayoría de tres quintas partes de las Cámaras”, incide la publicación.
El CGPJ cumplió el pasado diciembre tres años con el mandato caducado por la incapacidad de PSOE y PP para llegar a un acuerdo sobre sus nuevos vocales, un punto muerto que, tras una reforma que impide que se hagan nombramientos en la cúpula judicial mientras se mantenga en funciones, ha abocado a algunas salas del Tribunal Supremo a una situación de “colapso”. De hecho, el veto legal a nombrar cargos judiciales que quedan vacantes ha ocasionado que una sala clave del Supremo, la Contencioso-administrativa, dicte 1.000 sentencias menos (el 25% del total en un año).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado diciembre dio prácticamente por imposible en lo que resta de legislatura la renovación del Poder Judicial ante la actitud de bloqueo del PP, sin cuyos votos es imposible el cambio.
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